PSOE e IU han tumbado oficialmente el plan de eficiencia energética del PP. La prioridad ha sido que el alumbrado de la ciudad siga siendo público y el riesgo, aún pendiente, que el Ayuntamiento tenga que devolver al Deutsche Bank 525.000 euros. La intención del equipo de gobierno es negociar con el banco alemán para poder aplicar, con sus propios recursos y trabajadores, las medidas de ahorro energético que se habían previsto y para las que el PP iba a contratar a una empresa privada que invertiría 15 millones de euros. ¿Se ha tomado una decisión acertada? ¿Cuánto costará? ¿Cómo se ha llegado hasta aquí?

La directiva europea

20/20/20

La Unión Europea puso en marcha la directiva 20/20/20 para que los países miembros redujeran un 20% las emisiones de gases de efecto invernadero, obtuvieran el 20% de la energía en fuentes renovables y aumentaran un 20% la eficiencia energética antes del 2020. Para su aplicación, la UE facilita la financiación a través de un fondo europeo de inversiones, asociado a bancos como el Deutsche Bank. El préstamo se concede a los ayuntamientos y estos, a cambio, se comprometen a invertir 20 euros por cada euro financiado y a auditar los sistemas energéticos de la ciudad (alumbrado, edificios municipales, fuentes públicas-) para saber qué ahorrar y dónde hacerlo.

El proyecto del Partido

Popular

El PP decidió sumarse a esta directiva, por lo que presentó un plan al fondo europeo, que preveía un ahorro en la factura municipal de la luz de 11 millones de euros (2 millones se ahorrarían en los edificios municipales y 9, en el alumbrado) y que incluía la renovación de la iluminación del casco histórico. Para ello, el entonces alcalde, José Antonio Nieto, firmó un contrato en inglés, previo visto bueno de la intervención y la asesoría municipales, en abril del 2013. Antes de la firma, la intervención planteó dos dudas a la responsable de Infraestructuras, Laura Ruiz: la forma de pago que emplearía el Deutsche Bank --que pagaría un 40% con la firma del contrato; un 30%, en septiembre del 2014 y el resto, al final-- y por qué solo se financiaba el 90% del proyecto (el 10% restante, respondió el PP, lo abonaría el Ayuntamiento en especies con el trabajo de los empleados). Finalmente, el Deutsche Bank iba a conceder al Ayuntamiento 754.240 euros a fondo perdido (al principio fueron 600.000 euros, pero se pidió una ampliación) para la elaboración de una auditoría y el PP, mediante concurso, la adjudicó a la UTE Inersur-Creara, que la llevó a cabo. "Durante dos años hemos trabajado muy duro y codo con codo con ellos", comenta Ruiz. El paso siguiente era elaborar un pliego de condiciones para adjudicar a una empresa la aplicación de la auditoría. Laura Ruiz dice que, cuando las elecciones paran el proceso, el pliego técnico estaba iniciado pero incompleto y el pliego administrativo, en borrador. "Se envió a la asesoría jurídica para no perder tiempo, ya que en octubre debía estar adjudicado el proyecto", confirma.

Tres dudas esenciales y una interferencia

Esa premura fue interpretada por IU y PSOE como la primera evidencia de que el PP tenía "demasiada prisa" para adjudicar el contrato. "Nos resulta muy curioso --explica Amparo Pernichi, actual responsable de Infraestructuras-- que el pliego de condiciones estuviera listo antes de que nadie hubiera analizado la auditoría". PSOE e IU pusieron en duda también la fórmula contractual para ejecutar las medidas de ahorro. Los populares, por su parte, argumentan que encargaron un estudio a un famoso despacho de abogados para saber cuál sería la fórmula más conveniente y que dictaminó que fuese el contrato mixto de suministros y servicios."Era la fórmula más usada y la recomendada incluso por el IDAE", dice Laura Ruiz. ¿Cómo hubiera funcionado? La empresa debía invertir en la ciudad 15 millones de euros (20 euros por cada euro subvencionado de los 754.000 de la auditoría) y aplicar todas las medidas de ahorro el primer año, con lo que ya se reduciría la factura energética un 60%. Ese ahorro haría frente al 40% de las inversiones; al 20% del mantenimiento; el 39% se destinaría al pago de la factura de Sevillana y "permitía incluso a la empresa empezar a obtener sus primeros beneficios". Estaba previsto que la inversión se amortizara en 15 años. Según la anterior responsable de Infraestructuras, era una fórmula perfecta: "El Ayuntamiento no pagaba más de su partida presupuestaria y en ningún momento se iban a perder puestos de trabajo". La última duda la ocasionó que el contrato se hubiera firmado en inglés y que no hubiese ninguna traducción jurada del texto. La asesoría jurídica municipal ha cuestionado ese particular, mientras que para IU es otra señal del oscurantismo del proceso. A las dudas habría que sumar una interferencia importante: que saliera a la luz pública que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, dentro del entramado de la conocida Operación Púnica, estuviera investigando a la empresa Creara, autora de la auditoría de Córdoba. La Guardia Civil relaciona esta empresa con la firma francesa Cofely, epicentro de la trama, y quiere dilucidar si se trata o no de una empresa pantalla de esta. También se supo que el sumario de la Púnica recoge cómo uno de los responsables de Cofely tuvo contactos con el Ayuntamiento de Córdoba y que incluso tenía una cita en la ciudad, precisamente el mismo día que estalló el escándalo, por lo que la cita nunca llegó a producirse.

Tras la noticia, el PP relativizó estos contactos con Cofely y argumentó que el pliego había despertado mucha expectación y que se reunieron con una veintena de empresas, además de esta.

Los trabajadores del alumbrado público

¿Qué tenía pensado hacer el PP con los 30 trabajadores municipales de alumbrado? Reubicar a "más del 20%" de la plantilla en otros puestos y que el resto realizara las labores de control del servicio y controlase el sistema de autogestión que se iba a implantar con la auditoría. Ruiz lo explica así: "Además, en el pliego se iba a valorar que la empresa, a la que se exigía la contratación de seis ingenieros, un arquitecto, dos administrativos, tres expertos informáticos, 16 oficiales especializados y ocho peones, digámoslo así, subrrogara a los trabajadores municipales".

Para IU y PSOE, es "evidente la intención privatizadora del PP". "En campaña, los trabajadores vinieron a buscarnos para alertarnos de que el PP quería privatizar el alumbrado y una vez que llegamos al gobierno y empezamos a investigar nos dimos cuenta de que la unidad no conocía el contrato ni la auditoría. Además, las reubicaciones que proponían nos hubieran costado el doble".

El plan 'B' de PSOE e IU

Después de pedir a la UE una prórroga, el gobierno local ha decidido "continuar con el compromiso del Ayuntamiento de adaptarse a la directiva 20/20/20, pero sin privatizar el alumbrado". Para ello, usarán los resultados de la auditoría --"que no era mala, aunque haya costado más del doble de lo que debería", dice Amparo Pernichi-- y han solicitado parte de la financiación al IDAE (4 millones de euros para proyectos de eficiencia energética al 0% de interés) y a la Diputación. La intención es, como en el plan del PP, que el ahorro de la factura energética que se vaya produciendo se invierta progresivamente en la ciudad. "El plan alternativo nos permitirá hacer lo mismo, aunque en más tiempo, pero sin echar a los trabajadores", apunta la concejala de IU. Pero no será todo tan fácil. El gobierno tendrá que convencer al Deutsche Bank, que hasta la fecha ha concedido algo más de 500.000 euros al Ayuntamiento, de que puede invertir esos 5 millones (con lo que tendría que devolver 250.000 euros) para tener que devolver "lo menos posible". Si la respuesta del banco alemán fuese negativa, el Ayuntamiento estaría obligado a devolver 525.000 euros, lo concedido más el 5% de interés.