El exdelegado de Empleo en Córdoba Antonio Fernández, en libertad con cargos después de ser detenido el martes en la operación Barrado , relacionada con el fraude en cursos de formación financiados por la Junta, "no está conforme" con la imputación de la jueza Mercedes Alaya, que considera que los hechos que investiga pueden ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones.

Fuentes de la defensa del exdelegado de Empleo aseguraron ayer que Fernández se encuentra "físicamente bien, pero anímicamente afectado" después de ser puesto a disposición judicial y escuchar una imputación de cargos que le fue leída y con la que "no está de acuerdo". Según fuentes del caso, la jueza Mercedes Alaya considera que desde la Consejería de Empleo se impartían "órdenes" a las distintas delegaciones provinciales "para que no se controlara el dinero" destinado a la formación, "creando de esta forma una red de clientelismo político".

Fernández, que el miércoles se acogió a su derecho a no declarar, se encuentra en libertad con cargos y con obligación de comparecer en el juzgado los días 1 y 15 de cada mes. Fuentes de su defensa, que dijeron desconocer los detalles de las actuaciones al encontrarse estas bajo secreto, aseguraron que la Fiscalía Anticorrupción no ha solicitado fianza civil para Fernández, aunque podría hacerlo más adelante. En el caso de la lucentina María José Lara, exdirectora general de Formación de la Junta y también en libertad con cargos tras ser detenida en la misma operación, la Fiscalía sí solicitó una fianza civil de más de un millón de euros.

Tras las últimas comparecencias ante la jueza, que se produjeron ayer por la mañana, Alaya ha dejado en libertad con cargos a los 16 detenidos en la operación que los agentes de la UCO de la Guardia Civil realizaron de manera simultánea en las ocho provincias andaluzas. Entre los arrestados, cuatro exdirectores generales de la Junta de Andalucía, nueve exdelegados provinciales de Empleo y tres responsables de dos consorcios de formación por delitos de prevaricación, malversación y fraude de subvenciones.