Los alumnos de tercero de Derecho de la Universidad de Córdoba que trabajan en el Laboratorio Jurídico Antidesahucios volverán el lunes a la sede del Parlamento andaluz para reunirse con el presidente de la Cámara, Juan Pablo Durán, y con los grupos parlamentarios dispuestos a atenderlos. De momento, PSOE, IU, Podemos y Ciudadanos. El PP aún no ha contestado, según informan. El objetivo es trasladarles algunas de las recomendaciones surgidas tras la primera sesión del Tribunal Internacional de Desalojos celebrada recientemente en Córdoba.

Entre las propuestas que plantearán a los grupos destaca la petición de crear una Fiscalía especial que se centre en los asuntos relacionados con los desahucios, ejecuciones hipotecarias y derechos de los consumidores.

En esta línea, el laboratorio plantea la necesidad de que el Ministerio Fiscal se persone siempre en los procesos de desahucio donde existan menores, mujeres víctimas de violencia machista, discapacitados, emergencia habitacional y otros supuestos de especial vulnerabilidad. Según el profesor de Derecho de la UCO Antonio Manuel Rodríguez, director del laboratorio, «es fundamental por ejemplo desarrollar la normativa sobre la Convención de Derechos del Niño, con el fin de que exista una norma en base a la cual los jueces puedan suspender un desahucio por causas humanitarias». Entre las propuestas que se plantearán figura la de instar al Parlamento Andaluz a que eleve al Gobierno central la necesidad de firmar la Carta Social Europea de 1996, un documento que garantiza la defensa de derechos sociales en Europa y que España no ha firmado aún, a diferencia de la mayoría de países europeos.

En esta línea, Rodríguez recuerda que ya se ha reclamado por parte del laboratorio que se incorpore una cláusula que obligue a intervenir al Ministerio Fiscal en supuestos de vulnerabilidad con el fin de que se puedan suspender desalojos cuando existen niños que pueden verse afectados por esta medida.

VIOLENCIA MACHISTA // Otra de las propuestas que trasladarán al Parlamento andaluz el lunes será la de que se configure penalmente como violencia machista la negativa del marido, ex marido o convivente a firmar la dación en pago de la vivienda donde habita la mujer cuando se produce el divorcio.

Actualmente, la ley permite la dación en pago si la persona está en un supuesto de emergencia habitacional, pero cuando la vivienda es propiedad de una pareja la deuda tiene carácter solidario, es decir, depende de ambas partes y son los dos quienes tienen que firmar para que se produzca la dación en pago. Al parecer, se dan casos en los que el ex marido (normalmente es la mujer quien, en caso de divorcio se queda con la casa común) se niega a firmar la dación en pago, lo que, «constituye una forma de maltrato o violencia machista contra la mujer», señala Rodríguez. Actualmente, cuando el ex no firma el banco no tiene forma legal de hacer efectiva la dación en pago. H