El delegado de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Francisco de Paula Algar, ha exigido al PP que «deje de manipular a la opinión pública con motivo del vertido de orujo al río Guadalquivir y le ha reprochado su deslealtad institucional y su nulo interés por resolver los problemas de Córdoba». Algar ha mostrado su «sorpresa» porque el diputado autonómico del PP, Miguel Ángel Torrico, «debería conocer que la Consejería de Medio Ambiente no tiene competencias sobre las licencias de explotación de las balsas de orujo como tampoco de la cuenca del Guadalquivir, ya que esta es competencia exclusiva de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que depende del Ministerio de Agricultura».

El delegado no entiende que Torrico «pida explicaciones a la Consejería en lugar de al Gobierno de la nación por las actuaciones llevadas a cabo y sobre las que se pretenden realizar así como por las medidas de responsabilidad ambiental».

Algar afirma que «Torrico miente y confunde cuando se refiere a la gestión de la Consejería y se pregunta si la actuación del Ministerio en la recogida de 4,5 toneladas de peces muertos ha sido la idónea, ya que no se ha dado información sobre los días en que se realizó y sobre los medios empleados o si se puedo haber realizado en menos tiempo, evitando así la imagen del Guadalquivir y los olores producidos en algunos tramos». Según Algar, «el PP intenta obtener un rédito político aprovechando cualquier desastre natural y Torrico ha creado una cortina de humo derivando la atención hacia la Consejería que no tiene ninguna competencia que le permita actuar en este siniestro, más allá de las potestades que le atribuye la Ley de Flora y Fauna y que está ejerciendo como corresponde».

Algar señala que la Junta levantó acta del vertido «en cuanto se tuvo conocimiento, haciendo un seguimiento, recabando información y abriendo diligencias para la incoación del expediente sancionador para, en su caso, sancionar y obligar a la reparación del daño». Asimismo, recuerda al parlamentario popular que «las funciones de vigilancia del dominio público hidráulico son encomendadas al servicio de guardería fluvial dependiente del Ministerio por lo que Torrico debería pedir información a la ministra del ramo».