El informe de 20 páginas elaborado durante un año y cuatro meses por una comisión de expertos presidida por el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza señala que el objetivo final de la actuación municipal debería ser revertir la situación en la que se encontraba la Mezquita Catedral antes de su inscripción a nombre de la Iglesia en el año 2006, al entender que tiene legitimidad para actuar en contra de dicha inmatriculación en cumplimiento de su deber institucional de defensa de un bien público en el ámbito del municipio. La vía propuesta por los expertos es la de acudir a los tribunales ordinarios, siempre sin reclamar la propiedad del bien y toda vez que no prospere un posible recurso del Estado ante el Tribunal Constitucional, que se considera como la opción más adecuada.

Ante esta consideración, que figura entre las principales conclusiones del informe, la alcaldesa, Isabel Ambrosio, no ha querido precisar hoy cuál será la postura del Ayuntamiento a este respecto y si piensan acudir o no a los tribunales. En una rueda de prensa acompañada por los autores del documento, Ambrosio ha insistido en que no conoce en profundidad el texto y que en los próximos días será cuando analicen y valoren los pasos a seguir. Eso sí, ha asegurado que su intención es “revertir una situación en la que la ciudad no se sentía cómoda”, como es el hecho de que la Iglesia figure como propietaria de la Mezquita Catedral bajo el paraguas de una reforma de la ley hipotecaria realizada por el Gobierno de Aznar. Ahí, tal y como considera el informe, está el origen de una anomalía legal que permitió una inmatriculación que rompe el principio constitucional de igualdad ante la ley, ya que permite a la Iglesia inscribir sin presentar pruebas de la propiedad. "Sería una irresponsabilidad no hacer todo lo posible para revertir la situación y no llegar hasta el final", ha sentenciado.

La alcaldesa ha indicado que en los próximos días consultará con los grupos municipales y con los servicios “de la casa” las acciones a emprender “dentro de nuestro ámbito de competencia” y ha apuntado que el documento también lo harán llegar a la Junta de Andalucía y al Gobierno central. No obstante, en el Ejecutivo de Pedro Sánchez no deben ser ajenos a este informe dado que Mayor Zaragoza ha afirmado que la vicepresidenta, Carmen Calvo, ha formado parte de las conclusiones que se exponen en dicho texto. La número dos del Ejecutivo integraba la comisión de expertos que firma el documento hasta el pasado mes de junio, coincidiendo con su nueva responsabilidad a nivel nacional.

LA POSTURA DEL AYUNTAMIENTO

“El Ayuntamiento no podía quedarse de perfil ante esta situación”, ha insistido Isabel Ambrosio, quien ha reiterado que “hubiera sido una irresponsabilidad no defender ni buscar fórmulas para revertir una realidad que ha estado desvirtuada desde 2006 hasta ahora”. No obstante, la alcaldesa ha asumido que “otra cosa es que nos den la razón en un proceso jurídico que puede ser largo”.

Sea como sea, la responsable municipal ha manifestado que la transparencia va a primar cualquier paso que den al respecto desde estos momentos y ha asegurado que la decisión que se tome no va a estar condicionada por ninguno de los procesos electorales que ya se atisban en el horizonte. “Nuestro único compromiso era tener las conclusiones de este informe, y así lo hemos hecho”. La alcaldesa también ha asegurado que el diálogo va a primar cualquier decisión, y en cuanto a la posibilidad de que ese diálogo se extienda también al Cabildo ha apuntado que “siempre tendemos la mano para buscar acuerdos de interés general”.

Federico Mayor Zaragoza ha dejado claro que “era importante demostrar que la propiedad de la Mezquita Catedral nunca ha sido de la Iglesia Católica” quien, ha insistido, “basándose en una modificación de la ley hipotecaria inscribió el bien a su nombre sin demostrar la propiedad y sin describirla, sin olvidar que la inscribió mal, porque lo hizo con el nombre de Santa Iglesia Catedral”.

La alcaldesa ha informado de que la comisión se ha reunido en cinco ocasiones para la elaboración del documento, que ha contado con un presupuesto de 898 euros en concepto de desplazamientos.