La alcaldesa, Isabel Ambrosio, firmó ayer el decreto que deja el camino despejado para cerrar el contrato con Renfe para poner en marcha el servicio de cercanías entre Alcolea y Villarrubia. Tres días después del Pleno que levantó el reparo que puso Intervención sobre la insuficiencia de crédito, la alcaldesa ha resuelto también la discrepancia relativa a la sostenibilidad financiera del contrato para la puesta en marcha del cercanías.

De esa forma, los trámites del procedimiento necesario para la aprobación y adjudicación del servicio de transporte de viajeros por ferrocarril a Renfe Viajeros puede continuar su tramitación. El decreto rubricado ayer por la alcaldesa será trasladado al Servicio de Intervención para que tome conocimiento del mismo. El equipo de gobierno tiene previsto que el próximo lunes la junta de gobierno local apruebe el contrato con Renfe. La intención del gobierno local es contar con el cercanías entre Alcolea y Villarrubia a principios del 2018.

El decreto firmado por la alcaldesa, al que ha tenido acceso este periódico, relata todo lo acaecido desde el informe emitido el 30 de octubre por la Intervención General, en el que puso reparos al contrato al considerar que no hay crédito suficiente y que no se garantiza la sostenibilidad financiera. Ese informe fue rebatido por otros dos más del departamento de Contratación y del órgano de Planificación Económico Presupuestaria. Esos dos documentos fueron incluidos en un informe del secretario que llegó al Pleno, que incorporaba también un documento de la Secretaria de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento que da cuenta de los trámites que hay en marcha para que el cercanías sea declarado Obligación de Servicio Público. Además, hay otro informe, pedido por Alcaldía, del Ministerio de Hacienda que indica que el servicio puede considerarse «una competencia propia municipal».

El decreto recoge también la votación de los grupos municipales en el Pleno después de que la alcaldesa les pidiera su parecer para levantar el reparo de la sostenibilidad financiera. El PP y UCOR se abstuvieron.