La Junta de Andalucía ha publicado en la página web de Consumo Responde los protocolos de actuación que las distintas entidades prestamistas que trabajaban con iDental están aplicando con las personas afectadas por el cierre de las clínicas que tuvieran un tratamiento financiado con ellas. Se trata de BBVA, Banco Cetelem, EvoFinance, Pepper Finance Corporation y Sabadell Consumer. Entre otras cuestiones, todas estas entidades se han comprometido a no incluir en los ficheros de morosidad o registros de solvencia patrimonial a las personas afectadas en caso de impago de algún recibo, según informa la Consejería de Salud en nota de prensa.

La difusión de estos protocolos tiene como objetivo de asegurar la suspensión inmediata del cobro del crédito al consumo concertado, para que las personas afectadas por el cierre de las clínicas no tengan que seguir abonando estos servicios que no están recibiendo. Al mismo tiempo, se están manteniendo nuevas conversaciones con las diferentes entidades para aclarar algunas incidencias reportadas por las personas afectadas, y darles una solución satisfactoria.

En primer lugar, es importante tener en cuenta que en caso de que se haya interrumpido el tratamiento por el cierre de las clínicas se debe presentar una reclamación ante la entidad prestamista. En caso contrario, las entidades considerarán que el servicio se ha prestado con normalidad y seguirán cursando los recibos. Es conveniente que esta reclamación se presente a través de correo electrónico, correo postal certificado con acuse de recibo o burofax, para que quede constancia de la misma. Asimismo, se recomienda que se utilice para ello una hoja oficial de quejas y reclamaciones de la Junta de Andalucía, a la que la entidad deberá dar respuesta en el plazo de 10 días hábiles.

Con carácter general, a esta reclamación se deberá adjuntar el presupuesto original del servicio financiado, así como documentación acreditativa del alcance del tratamiento realizado antes del cierre de la clínica, con una valoración realizada por una persona odontóloga colegiada.

Una vez recibida la reclamación, las distintas entidades indican que analizarán la documentación aportada, y cuando corresponda, procederán a la anulación del crédito a las personas que lo soliciten y a la devolución de las cantidades que se pudieran haber abonado de más en cada caso, como establece la normativa vigente.

Como opción alternativa, las entidades Banco Cetelem, EvoFinance y Sabadell Consumer Finance están ofreciendo la posibilidad de continuar el tratamiento contratado hasta la finalización del crédito en otras clínicas dentales con las que han llegado a acuerdos, como Dentix y Vitaldent, según las condiciones establecidas en sus protocolos de actuación.

En este caso, es importante saber que las personas afectadas podrán reclamar a la entidad prestamista la devolución de las cantidades, o bien optar por continuar el tratamiento en los centros propuestos, según lo que les resulte más conveniente, y siempre a elección de la persona consumidora, que puede optar libremente por una u otra alternativa.

Por último, desde la Dirección General de Consumo se informa a las personas afectadas por el cierre de las clínicas de la cadena iDental en Andalucía de que pueden dirigirse a alguno de los Servicios Provinciales de Consumo de la Junta de Andalucía, o a la OMIC de su Ayuntamiento, para tramitar su reclamación a la compañía. También pueden recibir información y asesoramiento gratuito a través del servicio público Consumo Responde.

Reclamaciones, denuncias, sanciones y casos remitidos a Fiscalía

La Dirección General de Consumo ha recibido y tramitado más de 4.100 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de IDental en Andalucía. La mayor parte de estas reclamaciones, más de 2.900, se han producido en lo que va de año. Asimismo, se han iniciado hasta la fecha varios procedimientos sancionadores contra la empresa por prácticas comerciales desleales, por desatención a los consumidores, por no atender los requerimientos formulados por la Administración, por introducir cláusulas abusivas en los contratos, por no contestar la hoja de quejas y reclamaciones y por fraude en la prestación de servicios, entre otras cuestiones. En total, consta que se han levantado 97 actas de inspección a las seis clínicas existentes, y se han iniciado 35 procedimientos sancionadores, con una sanción total de 1,2 millones de euros.

Además, desde los Servicios Provinciales de Consumo se siguen remitiendo a Fiscalía los casos que se van analizando para que se determine si se ha podido producir un delito de estafa.