Solo el voto de calidad del presidente de la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU), el primer teniente de alcalde, Pedro García, ha conseguido esta mañana deshacer el empate entre los representantes en el Consejo Rector de la GMU para iniciar el trabajo que lleve a reformar la norma que regula el centro histórico de la ciudad, el Plan Especial de Protección del Casco Histórico (Pepch), todo ello con los votos a favor de los tres consejeros del PSOE y los dos de IU, la abstención de los dos de Ganemos y el voto en contra de los cuatro consejeros del PP y el de Ciudadanos. Esta reforma, al contrario de lo que propuso García a principios de la semana y que obtuvo un rechazo total del resto de los grupos (incluido el de sus socios de gobierno, del PSOE), se realizará por ahora sin medidas cautelares como la de paralizar los permisos de cambio de uso residencial de viviendas en una parte del casco histórico, lo que en la práctica hubiera llevado también a la paralización de nuevas viviendas y apartamentos turísticos.
García estima que “hoy es un gran día en la ciudad” por el acuerdo tomado, necesario para proteger al casco histórico a través de un plan aprobado hace década y media y obsoleto en algunos aspectos para este fin. El presidente de la GMU confía en que el consenso aumentará durante el proceso de revisión de Pepch (que no solo se centrará en la regulación de los alojamientos turísticos sino que afectará numerosas cuestiones como uso de solares, actividades permitidas en los edificios según el grado de protección de sus elementos, equipamientos, etcétera) y dio las gracias a los colectivos ciudadanos que a través del consejo del Movimiento Ciudadano y de la federación vecinal A-Zahara han aplaudido esta iniciativa. García, sin embargo, lamentó “no estar todo lo contento que quisiera” porque este inicio del proceso se ha aprobado sin medidas cautelares como las que proponía para paralizar nuevas viviendas y apartamentos turísticos en dos zonas del casco histórico.
Por su parte, el PSOE respaldó la propuesta de cambiar el Pepch por la necesidad de modernizar los criterios pero advirtiendo que se trata solo del inicio de un largo proceso, matizó Emilio Aumente. Salvador Fuentes dio cuenta de las tres grandes reticencias que tiene el PP para no apoyar el inicio de la reforma del Pepch: la inseguridad jurídica creada porque puede ser necesario el visto bueno de la Junta para iniciar este proyecto (si se considera una modificación estructural del Pepch y del mismo PGOU), por las consecuencias que tendría para las licencias en trámites (que podrían ser objeto de fuertes indemnizaciones y ocasionar un enorme quebranto al Ayuntamiento) y por el incumplimiento de la LOUA, que pide para este tipo de procesos el pronunciamiento de otras administraciones y de los órganos participación ciudadana.
Por su lado, Rafael Bláquez, de Ganemos Córdoba, ha explicado su abstención porque el proceso nace sin tener en cuenta ninguna medida cautelar (Ganemos pedía que hoy mismo comenzara una moratoria de un año para el cambio de uso residencial de las viviendas en todo el casco histórico, no solo en dos partes), la necesidad de innovar también el PGOU y el que se haya gestionado este inicio de cambio del Pepch sin dialogar con los otros grupos municipales. Aunque deja “la puerta abierta” a cambiar su voto en el futuro, alerta de que “si se gestiona todo como ha comenzado, va a ser muy difícil. Si se va a llevar como hasta ahora, eso no va a solucionar nada”.
