El Ayuntamiento ya ha dado respuesta al requerimiento del Tribunal de Cuentas, que pidió a principios de febrero toda la información relativa a las ayudas concedidas en el 2013 por el Instituto Municipal de Deportes de Córdoba (Imdeco, entonces IMD) a los clubs deportivos que gestionan las salas de barrio. El Ayuntamiento ha limitado a los miembros del consejo rector del Imdeco de aquel año, presidido por el concejal popular Miguel Reina, la responsabilidad de la concesión de ese dinero (pese a que esas partidas se daban desde hacía años y se han seguido dando hasta diciembre), y que se destinaba a sufragar el déficit de explotación de las salas. Además, de ellos han sido señalados la interventora general, la viceinterventora y el secretario general del pleno. La asesoría jurídica municipal considera que estas son las personas que «tuvieron responsabilidad en el ámbito de la gestión económico-administrativa denunciada como presuntamente ilícita».

Este requerimiento forma parte de la instrucción abierta por la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas para esclarecer si los hechos denunciados por la Cámara de Cuentas de Andalucía (en un informe de fiscalización de fecha 1 de junio) son constitutivos de un delito de responsabilidad contable por alcance. Hay que recordar que el Ministerio Fiscal, con fecha 24 de julio, puso de manifiesto que en el año 2013 el entonces IIMD incorporó una cláusula contractual, no prevista en los pliegos de contratación, para entregar ayudas a siete clubs por un montante de 298.743 euros. La Fiscalía considera que no queda acreditado que estas concesiones se ajustaran «a las prescripciones establecidas por la ley», ni que se dieran concurriendo las circunstancias de publicidad, transparencia, concurrencia e igualdad.

Además, el Tribunal de Cuentas requirió los estatutos del Imdeco, los pliegos de las concesiones administrativas y los siete contratos, información sobre si los licitadores incluyeron en su presupuesto la necesidad de una retribución determinada para equilibrar el presupuesto y si en el pliego existían cláusulas para el mantenimiento del equilibrio económico de la concesión. Además, el órgano fiscalizador exige toda la información sobre las subvenciones concedidas, que permita saber si eran para la prestación del servicio o tenían otra finalidad, hasta el informe de los precios públicos de 2013, o saber si el consejo rector del Imdeco aprobó estas subvenciones. A la Intervención se le piden informes, saber si hizo algún reparo, así como su criterio, y conocer si las subvenciones estaban debidamente justificadas.

RESOLUCIÓN DE CONTRATOS // De forma paralela a este proceso, el Ayuntamiento trata de resolver los contratos con los clubs que gestionan las salas de barrio, para poder sacar de nuevo a licitación estos servicios atendiendo a los requisitos de la ley de subvenciones.