La Agrupación de los Cuerpos de la Administración de Instituciones Penitenciarias (Acaip) ha remitido una queja al Ministerio de Educación por la «asignación ilegal y arbitraria de las ayudas de acción social en la partida de ayuda de matrícula para estudios de hijos de empleados públicos de Instituciones Penitenciarias, que conllevan la discriminación de los estudiantes de las universidades públicas». Según datos de Acaip Córdoba, 12 familias se han visto afectadas en la provincia por esta medida de las 638 de toda España. Al parecer, «los empleados públicos penitenciarios que se han matriculado de estudios en universidades públicas no han podido contar con las ayudas que sí tienen las de las privadas» porque las bases de la convocatoria solo contemplan a los matriculados entre el 1 de julio y el 31 de septiembre, sin prever que las universidades públicas matriculan a sus alumnos en junio.