El decano del Colegio de Abogados de Córdoba, José Luis Garrido, considera que ha habido "una falta de control absoluto administrativo, incluso políticamente dirigido, durante mucho tiempo" en materia de Urbanismo, en relación al incremento del 21 por ciento en 2011 de los procedimientos registrados en la Fiscalía por los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio en la provincia.
En declaraciones a Europa Press, el representante de los letrados ha analizado la Memoria del Ministerio Público relativa a 2011 en la que se recoge un aumento de procedimientos judiciales, "sin embargo hay un apartado de la memoria que dice que no se detectan nuevas edificaciones ilegales, con lo cual, se puede decir que son procedimientos antiguos que llegan ahora a trámite de juicio".
La sección de Medio Ambiente y Urbanismo de la Fiscalía registró el año pasado un total de 373 procedimientos judiciales, de los que 248 fueron por ordenación del territorio y urbanismo, seguido muy de lejos, con 49, por asuntos relacionados con patrimonio histórico. Además, se dictaron 32 sentencias por delitos urbanísticos, de las que 13 fueron condenatorias, y se interpusieron 64 denuncias.
Estas cifras, a su juicio, "tienen una doble lectura", y es que "la situación actualmente parece que va a mejor", por lo que valora el trabajo "completo y profesional" de la Fiscalía, "sobre todo la fiscal de la sección, Consuelo Fidalgo", al tiempo que "llama la atención" que ha habido 32 sentencias, de las cuales solo 13 han sido condenatorias, de modo que "ahí se nota mucho la labor de los letrados que intervienen".
En cualquier caso, "en el fondo de la cuestión y no es un problema nuevo", el representante de los abogados cree que "ha habido falta de control administrativo en cuanto a las parcelaciones ilegales en Córdoba, con una desidia por parte de la administración local competente durante mucho tiempo", y ahora, tal y como advierte, "lógicamente es difícil arreglar el desaguisado"; es más, aclara que "desde el Código Penal no se solucionan los problemas de la sociedad civil de Córdoba".
En concreto, la Fiscalía ha registrado un aumento del 21 por ciento en los delitos urbanísticos y contra la ordenación del territorio en la provincia cordobesa, al tiempo que advierte de "la presión urbanística" en el entorno de la sierra de la capital cordobesa, que está declarada en gran parte espacio de Especial Protección.
PARCELACIONES ILEGALES
Al respecto, resalta que entre los delitos contra la ordenación del territorio, "lo relativo al fenómeno de las llamadas parcelaciones o urbanizaciones ilegales ha sido el principal empeño" de la citada sección, "fundamentalmente el término municipal de Córdoba".
Así, señala que "sigue existiendo un aumento de la presión urbanística" en el entorno de la sierra de Córdoba, con sentencias condenatorias por los Juzgados de lo Penal, aunque "la mayor presencia de la administración ha frenado una tendencia que desde años anteriores se denunciaba".
No obstante, pese al incremento de delitos urbanísticos, en la zona de Medina Azahara, "se ha intensificado la vigilancia y control y no se han detectado en 2011 nuevas construcciones en la zona". Además, se ha dictado alguna condena y han sido los acusados los que han procedido a la demolición voluntariamente.
Asimismo, se observa "un progresivo cambio de actitud" en la configuración de los delitos contra la ordenación del territorio como "meras infracciones administrativas criminalizadas", así como "en la aplicación del principio de intervención mínima del derecho penal al abordarlos".
A tal efecto, un capítulo "importante" son las medidas cautelares, pues "la temprana adopción de las mismas" para asegurar y prevenir, "coadyuva decisivamente a evitar la consumación del delito en muchos casos y a la posibilidad de acordar la restauración más fácilmente", y es que "no es lo mismo demoler una vivienda concluida y habitada que aquella en la que solo se ha levantado la estructura".
En todo caso, desde la Fiscalía subrayan que "la demolición es el único modo de restauración de la legalidad en los delitos contra la ordenación del territorio, imponiéndola cuando los hechos se realicen fuera de la legalidad urbanística vigente y cuando el delito vaya acompañado de un delito de desobediencia". Si bien, estiman "conveniente" considerar la demolición como "responsabilidad civil derivada del delito", y por tanto, "cuando se imponga en sentencia, condicionar la suspensión de la pena a la ejecución de la demolición impuesta".
