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Diario Córdoba | Jueves, 18 de diciembre de 2014 - Edición impresa

MEMORIA DE LA FISCALIA DE CORDOBA.

El 60% de los fallos sobre violencia de género fueron absolutorios en el 2010

El silencio de la víctima, que se niega a declarar en el juicio, está detrás del 90% de las absoluciones.En muchos casos en los que no hay condena se aprecia luego una reincidencia de los acusados.

RAFAEL DE LA HABA RAFAEL DE LA HABA 23/06/2011

El silencio de las víctimas de violencia de género, que se niegan a declarar en el juicio en contra del presunto agresor, continúa arrojando un alto porcentaje de sentencias absolutorias, a pesar de que el año pasado aumentó la proporción de condenas con respecto al 2009. Según la Memoria de la Fiscalía de Córdoba referida al 2010, si en el 2009 hubo 147 condenas (35,16%) y 271 absoluciones (64.83%) en procedimientos por violencia sobre la mujer, el año pasado se contabilizaron 198 sentencias condenatorias (39,51%) y 303 absolutorias (60,47%).

El fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer, Borja Jiménez, señaló ayer que "el 90% de las absoluciones vienen determinadas porque la víctima se niega a declarar contra el acusado en la vista oral y, por tanto, el juez no tiene prueba para condenar". Y lo que es peor, en muchos de estos casos "se vuelve a poner una denuncia" sobre el mismo acusado, que reincide.

Mientras tanto, la Memoria recoge que parece estabilizarse el número de asuntos anuales en esta materia, al registrarse un "levísimo" descenso en la incoación de procedimientos en toda la provincia: 2.060 el año pasado por los 2.123 del 2009. Respecto a las sentencias, se contabilizaron 501 frente a las 418 del 2009, un aumento del 18,36%.

ORDENES DE PROTECCION El 2010 dejó también un "importante" descenso respecto al 2009 tanto en las solicitudes de órdenes de protección (--15,26%) como en las concesiones (--10%). El año pasado se solicitaron 383 órdenes (69 menos que en el 2009), de las que fueron concedidas 286 (74,67%) y denegadas 97. Jiménez explicó que este descenso se debe a varios factores: por "la madurez del sistema", porque las órdenes de protección "cuestan dinero" y porque la valoración de riesgo que hacen los cuerpos de seguridad ayuda a la hora de decidir la conveniencia o no de solicitarlas.

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