Seis mil familias cordobesas han perdido su vivienda desde que empezó la crisis, por una ejecución hipotecaria o un desahucio por impago de alquiler. Mientras tanto, 17.000 inmuebles permanecen vacíos, ya sea porque sus propietarios no les dan uso o porque, tras un proceso de desalojo, han pasado a ser propiedad de los bancos, que solo han devuelto a la ciudadanía un 20%. Esta es la lamentable estampa que dibuja un estudio realizado por la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDH) por encargo del Ayuntamiento de Córdoba, un diagnóstico de la realidad cuyas conclusiones se presentaron con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos. El informe pone sobre la mesa la insuficiente acción de las administraciones públicas y, en concreto, señala a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de la Junta de Andalucía (AVRA), que dispone en Córdoba de un parque público de viviendas en régimen de alquiler social de solo 2.780 viviendas, un número «insuficiente» ante la demanda existente. Casi 5.000 personas están en lista de espera de una vivienda social en Córdoba, según el informe, el 74% «veteranas» en su solicitud. Pese a esa realidad, el parque de vivienda social no ha crecido desde los años 90 y la gestión de los inmuebles deja mucho que desear. Según Miriam Jurado y Carlos Arce, miembros de APDH y responsables del estudio, «hay pisos vacíos más allá del tiempo razonable y realquileres abusivos e ilegales que son la única forma de accesso a una vivienda para los colectivos más excluidos». Prueba de ello, señalan, es la escasa rotación de los pisos de AVRA. Entre julio del 2015 y febrero del 2017, se adjudicaron solo 27 pisos. Además, el 38% de los inquilinos de AVRA no son los titulares de uso de las viviendas.

El estudio pone el foco en los edificios ocupados en Córdoba, «la mayoría propiedad de entidades bancarias», en los que destaca la presencia de menores (al menos 47) y el elevado índice de desempleo (78%). Respecto a colectivos especialmente desfavorecidos, APDH denuncia la precariedad de los asentamientos rumanos, sin agua o luz, donde viven 125 adultos y 99 menores; la escasez de alternativas habitacionales para mujeres que ejercen el trabajo sexual (la mayoría vive en hacinadas en pisos patera) y para las personas presas una vez abandonan la cárcel. La pobreza energética es un denominador común. Un 42% de los cordobeses no puede permitirse climatizar su vivienda en invierno ni en verano.

Pese a la gravedad de la situación, el concejal de Asuntos Sociales, Juan Hidalgo, destacó que «las políticas sociales del Ayuntamiento han conseguido que en Córdoba hayan caído un 35% los desahucios, mientras en España han aumentado una media del 11%».