Unos 5.000 inmigrantes 'sin papeles' residentes en Córdoba no podrán a partir del 1 de septiembre acudir a los centros de salud para ser atendidos por un médico. Según el Real Decreto publicado el sábado, desde ese día, solo podrán considerarse asegurados los trabajadores por cuenta ajena o cuenta propia, los pensionistas, los que sean beneficiarios de alguna prestación periódica como el subsidio de desempleo y los que la hayan agotado, pero estén apuntados como demandantes de empleo.

Después del verano, todos los inmigrantes extracomunitarios que hayan perdido el empleo y no renueven el permiso de residencia por este motivo, se quedarán sin cobertura sanitaria, salvo los menores de 18 años y las mujeres durante la gestación, parto y postparto. En cuanto a los residentes de origen comunitario, la ley establece que los ciudadanos de la Unión Europea tienen derecho de residencia solo si tienen un empleo en España o si demuestran que disponen de recursos suficientes para no convertirse en una carga para la asistencia social en España y disponen de un seguro de enfermedad que cubra los gastos. El resto solo recibirá asistencia de urgencia por enfermedad grave o accidente, una nueva situación que algunas entidades prevén que provocará el colapso en los servicios de emergencias.

El anuncio de esta medida el pasado mes de abril provocó la indignación de numerosas asociaciones de inmigrantes, que pusieron el grito en el cielo y anunciaron que presentarían recursos de inconstitucionalidad de la norma. Asimismo, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública pidió la "inmediata" derogación del decreto sanitario, reacciones que no han servido finalmente para evitar que el decreto salga adelante. Según manifestó la ministra de Sanidad, Ana Mato, tras la aprobación del decreto, la medida, que prevé ahorrar 1.000 millones de euros a la administración, asegura "la universalidad de la sanidad para todos los españoles y los extranjeros con residencia legal", y que supone "un paso de gigante" para garantizar la cobertura de la población y frenar "el turismo sanitario".