El 42% de los consumidores de drogas ingresa en prisión, siendo la edad media de la primera entrada los 22 años. Ante estos datos, el presidente de la Audiencia Provincial de Córdoba, Francisco de Paula Sánchez, defendió ayer la suspensión de la ejecución de la pena en personas con problemas de adicción con el fin de lograr su rehabilitación y reinserción social. Esa fue la temática escogida para su intervención en las jornadas jurídicas El derecho y los trastornos adictivos, dos realidades obligadas a entenderse, que se desarrollaron ayer en la Diputación, organizadas por el Instituto Provincial de Bienestar Social de la institución provincial y la Consejería de Igualdad de la Junta.

Para Sánchez Zamorano, el consumo de drogas y la criminalidad es un binomio difícil de separar, por lo que la suspensión de las penas, que es una potestad del juez, beneficia al sujeto ya que propicia la continuación del tratamiento de rehabilitación, y a los tribunales, a los que descarga de trabajo.

Para el presidente de la Federación Andaluza de Drogodependencias y Sida Andalucía, Antonio Escobar, hay que ofrecer alternativas a la prisión para evitar un retroceso en la rehabilitación de estas personas. Así, en el 2016, un total de 2.537 casos judiciales fueron tratados en los centros de drogodependencias andaluces, de los cuales más del 10% en Córdoba, siendo las personas atendidas 164, de las cuales 18 eran mujeres. El acto de inauguración contó con la presencia de la vicepresidenta de la Diputación, Felisa Cañete, y con Fernando Arenas, de la Junta de Andalucía.