La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha informado de que unas 40 familias han pedido a la empresa municipal de aguas (Emacsa) la ayuda del suministro mínimo vital de agua potable, aunque ha resaltado que, pese a las cifras, registradas desde octubre a diciembre de 2016, «ya existe una garantía de que más allá de las circunstancias económicas existe la posibilidad de tener un suministro de agua».

En una entrevista, la también presidenta de Emacsa ha detallado que las 40 peticiones ya están «resueltas con un informe que permite garantizar los tres metros cúbicos de agua al mes por cada miembro de la unidad familiar durante seis meses» y tras dicho período, «si el informe de Servicios Sociales sigue siendo que la familia está en las mismas circunstancias económicas, se volverá a dar el suministro mínimo por otros seis meses».

Ante esta situación, ha comentado que «se van actualizar los datos de las familias que son susceptibles de la ayuda cada seis meses», porque es posible que en ese periodo «se encuentre solución» a las situación de la familia.

Mientras tanto, la alcaldesa ha explicado que se va a seguir con una campaña de promoción de la medida con «dos pilares fundamentales», tanto desde los centros de Servicios Sociales, porque «las familias que acuden a dichos centros son las que tienen la necesidad», como desde el servicio de información de Emacsa.

Según ha puntualizado Ambrosio, «la puesta en marcha y petición directamente desde las familias se desarrolla desde el día 29 de octubre», aunque «desde el día 1 de enero de 2016 se establecía que no hubiera cortes de agua».

OFICINA DE LA VIVIENDA / Por otra parte, sobre la Oficina Municipal en Defensa de la Vivienda, Ambrosio ha valorado que durante los 15 meses de funcionamiento «se han abierto en torno a 700 expedientes», que «tienen que ver con la mediación ante otras entidades financieras, las medidas aprobadas en el juzgado que forman parte también de la situación de justicia gratuita, la derivación en algunos casos del Plan Andaluz de Vivienda, la búsqueda de alternativas habitacionales y el asesoramiento a vecinos». En concreto, ha precisado que de los 700 expedientes, más de 300 se han cerrado de manera «positiva» y «otros tantos permanecen abiertos», aunque ha aclarado que en «la gran mayoría de los que permanecen abiertos no existe un riesgo fundamental» para no continuar en la vivienda. Si a estos casos se le suman los de alojamientos provisionales, «supone que en torno al 72% de los expedientes abiertos han tenido una respuesta positiva».