La defensa del exconsejero de Presidencia Gaspar Zarrías presentó ayer un recurso de apelación en el Tribunal Supremo en el que rechaza las acusaciones vertidas contra él por el instructor del caso de los ERE fraudulentos en el Tribunal Supremo, quien le imputa un delito de prevaricación administrativa. Acusa a Alberto Jorge Barreiro de convertir en "prevaricadoras" las leyes del Parlamento andaluz que avalaron las ayudas y de someter a juicio las decisiones de la Junta. Zarrías califica, en su recurso, la instrucción en el Supremo de "ineficaz" por no poner en duda los planteamientos de la juez de Sevilla Mercedes Alaya, con el objetivo de "someter a juicio penal las decisiones legislativas de la Junta", lo que supone convertir el sistema judicial penal en "un mero instrumento de política". En principio, la exposición razonada por la que el magistrado imputó formalmente a Zarrías, el expresidente Chaves y el exconsejero Viera no es recurrible, si bien el abogado del primero, Martínez-Fresneda, considera que tiene posibilidad procesal de hacerlo por estar pendiente de resolver un recurso que presentó un día antes de que se notificaran dichas conclusiones.
