La Ley de Reordenación del Sector Público Andaluz se ha encontrado con un verdadero obstáculo en su camino: el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA). En dos semanas ha dictado dos sentencias en las que prácticamente tumba la intención de la Junta de integrar 23.000 trabajadores de las 111 empresas públicas en ocho macroagencias. La última suspende cautelarmente el protocolo de la integración en el nuevo Servicio Andaluz de Empleo (SAE) de los trabajadores de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y de los consorcios de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt).

Esta nueva resolución del TSJA se produce dos semanas después de que los magistrados declarasen "nulo" el trasvase de trabajadores a la Agencia de Instituciones Culturales al considerar que el sistema de integración "no respeta los principios rectores de acceso al empleo público exigidos en la Constitución". El fallo era contundente al afirmar que "todos los trabajadores que se integran como personal laboral en la agencia han eludido el acceso (a la función pública) según los principios de igualdad, mérito y capacidad". Un verdadero mazazo a la ley, pues supone un claro precedente para los 27 recursos que los funcionarios, representados por dos plataformas, han presentado.

El fallo supone que la Junta tendrá que dar marcha atrás en la ejecución del protocolo, con lo que más de 3.000 trabajadores no podrán unirse a la nueva agencia de empleo hasta que no se resuelva el conflicto. "Es más lógico que se adopte la medida, porque si se ejecuta la integración y luego se revoca sería más dañino que si es al contrario", señalan desde el despacho de Mariano Aguayo, que lleva la representación de las dos plataformas de funcionarios.

Fuentes de la Consejería de Hacienda y Administración Pública indicaron a Europa Press que los servicios jurídicos de la Junta "están analizando el contenido de la sentencia notificada el pasado día 17 de noviembre".