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JUICIO DEL ‘CASO ERE’

Vallejo acordó que el IFA pagara las ayudas para evitar roces con Empleo

El exconsejero revela que mantenía una difícil relación con Fernández

 

EFE SEVILLA
07/03/2018

El exconsejero de Innovación Francisco Vallejo reconoció ayer que fue una «decisión personal» que la agencia pública IFA/IDEA continuara pagando ayudas que daba la Consejería de Empleo, aunque ya no dependía de ésta, para evitar «un enfrentamiento más» con un área con el que tenía mala relación. Vallejo es el tercer exconsejero del Gobierno andaluz que declara en el juicio de la pieza política del caso ERE contra 22 ex altos cargos de la Junta, acusados de prevaricación y malversación por la creación y mantenimiento de un «procedimiento específico» mediante el cual la Junta repartió entre 2001 y 2011 más de 850 millones en ayudas sociolaborales de forma «arbitraria» y eludiendo los controles administrativos, según el juez. Se enfrenta a ocho años de cárcel y 30 de inhabilitación porque de la Consejería de Innovación, que dirigió entre 2004 y 2009, dependía la agencia pública IFA/IDEA (hasta entonces vinculada a Empleo) que materializaba el pago de las ayudas que otorgaba Empleo.

Vallejo, que se mostró visiblemente enfadado durante el interrogatorio del fiscal, reconoció que cuando se creó la Consejería de Innovación en 2004 asumió el «80 % de las competencias» que tenía Empleo, que sólo mantuvo el Servicio Andaluz de Empleo y los programas de ayudas sociolaborales a trabajadores y empresas en crisis, lo que provocó una «convivencia complicada» con su homólogo de Empleo, Antonio Fernández. Por ello, cuando el director de IFA (Miguel Ángel Serrano, también procesado) le planteó que este ente dejara de pagar ayudas de Empleo al no pertenecer ya a esa consejería, le pareció «razonable» y «se intentó hacer alguna gestión», pero renunció porque «iba a ser un enfrentamiento más» con Empleo y «me trasladaron que había que cambiar» la ley de presupuestos. «Mi decisión personal, y asumo la responsabilidad, fue continuar como estábamos y nadie me advirtió de ninguna irregularidad», explicó.

La Fiscalía sostiene que las ayudas eran pagadas por un ente público para eludir los controles administrativos y la fiscalización previa a la que sí eran sometidos los gastos directos de las consejerías.