El suicidio, ayer, de un hombre de 54 años que iba a ser desahuciado una hora después en un barrio de Granada se conoció casi al mismo tiempo que arrancaba el Pleno en el Parlamento. La clase política se enfrenta al exponente más crudo de la crisis: en las últimas dos semanas, dos andaluces se han quitado la vida tras rebasar el límite de sus posibilidades. El caso de José Miguel, el hombre de 54 años que apareció ahorcado ayer en su casa de La Chana, visibiliza de forma descarnada uno de los problemas más graves que padece la comunidad autónoma: Andalucía es la segunda región con la tasa de desahucios más alta (7.984 en el primer semestre de 2012). A principios de mes, en Sevilla, un guardia de seguridad de 53 años, casado y con dos hijos, se colgó de un árbol. Su empresa llevaba siete meses sin pagarle las nóminas.

El desempleo, que afecta a más de un millón de andaluces (el 33,9% de la población activa) y el impago de hipotecas son las dos causas fundamentales que se asocian con el incremento de los suicidios en personas menores de 65 años. Es un dato oficial de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que la consejera María Jesús Montero sacó a colación hace solo siete días, tras anunciar que la crisis y el pesimismo de los andaluces habían disparado el número de consultas por casos de depresión y ansiedad. Montero se quejó entonces de que España no registre los suicidios asociados a problemas económicos, algo que ya han empezado a hacer países como Grecia y Portugal.

SUCESO EN LA CHANA José Miguel vivía solo, no tenía hijos y era el dueño de una papelería que vendía prensa en el conocido barrio de La Chana. Su hermano, que regenta una frutería contigua a la papelería, le encontró ayer a las 9.00 de la mañana ahorcado en el patio interior de su inmueble. El grupo de homicidios de la Policía Nacional acudió tras recibir la llamada del familiar. Una hora después se personaron en el mismo lugar agentes de la unidad de Prevención y Reacción, que tenían el encargo de ejecutar una orden judicial de desahucio contra José Miguel. La víctima arrastraba una deuda pendiente de pago por la compra de un local y una vivienda. En 2007 el banco le había concedido un préstamo de 240.000 euros. Dos años después comenzó el proceso judicial para acometer el desahucio, cuya ejecución estaba prevista para ayer.

PROTESTA CIUDADANA El dueño de la papelería era muy conocido en el barrio, pero nunca pidió ayuda a la asociación Stop Desahucios, una entidad ciudadana que surgió al amparo del movimiento de protesta 15-M, y que en la actualidad tramita más de 60 casos de desahucios en Granada. El colectivo convocó ayer una concentración en la calle Arzobispo Guerrero, donde tuvo lugar el suceso, para condenar la muerte de José Miguel. Numerosos vecinos se apostaron ante la puerta cerrada de la papelería y encendieron velas en su recuerdo. En las redes sociales, como Twitter, se desencadenó una riada de mensajes contra los desahucios, bajo la etiqueta todossomosJoseMiguel.

La secretaria general del PSOE de Granada, Teresa Jiménez, expresó en nombre de su partido el "pesar e indignación" por lo ocurrido. "Todos tenemos la obligación de evitar este tipo de tragedias", dijo, y espera que el Gobierno del Partido Popular apoye la propuesta presentada en el Congreso por el grupo socialista para evitar los desahucios y frenar este drama propiciado por la irresponsabilidad del poder financiero.

La Junta defienden la dación en pago, pero no tiene competencias legales para obligar a los bancos a aceptar la propiedad de un inquilino como pago único de una deuda a la que no puede hacer frente.