La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha solicitado a la juez María Núñez Bolaños que se investiguen nueve cuentas bancarias vinculadas al entramado empresarial del exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda dentro de la pieza separada de los cursos de formación abierta por los 33 millones de euros que recibieron las empresas del grupo Prescal para la formación de los extrabajadores de Delphi.
En un oficio elevado al Juzgado, al que ha tenido acceso Europa Press, los agentes de la UCO piden a la magistrada que se requiera al BBVA para que, en relación a estas nueve cuentas bancarias, informe sobre la "identidad de titulares y autorizados que consten" en cada una de ellas.
Asimismo, la UCO quiere que dicha entidad bancaria aporte "todos los datos relativos a los teléfonos de contacto y direcciones postales facilitados en la contratación de correspondientes productos, así como la dirección postal facilitada de envío de correspondencia, y cuantas modificaciones se hayan realizado".
En el caso de cuentas bancarias, reclama la relación de movimientos obrantes en las mismas entre los ejercicios 2007 y 2012, ambos incluidos, mientras que, en relación a las contrapartidas, pide la "información sobre transferencias Swift, OMF y nacionales, emitidas o recibidas; cambio de divisas; reintegros e ingresos en efectivo y remesas de cheques, indicando tanto emisor como beneficiario de los mismos en cada caso".
La Guardia Civil hace esta petición "debido a que los fondos destinados" a estas cuentas "provienen de las subvenciones excepcionales concedidas para la ejecución del Plan Delphi, y que los movimientos identificados no hacen referencia en sus conceptos a pagos relacionados con el fin para el que fueron concedidos", de forma que "resultaría necesario continuar con el estudio del canal económico de los mismos con el objetivo de esclarecer el destino último aplicado a ellos".
Las nueve cuentas en cuestión, según el oficio consultado por Europa Press, están tituladas por la Agrupación de Empresas Aeronáuticas de Andalucía, Agrupación de Ingenierías Aeronáuticas, Educanet, Inspecciones Técnicas Internacionales, Prescal Prevención, Prevención de Riesgos, Seguridad y Calidad, y Quality & International Aeronautical Services.
33,3 MILLONES EN SUBVENCIONES
La UCO expone que, en el marco de esta pieza separada, está investigando los 33,3 millones de euros en subvenciones excepcionales concedidas al entramado empresarial de Ángel Ojeda para la realización de las acciones mixtas de formación y empleo dirigidas a los afectados por el cierre de la planta de Delphi en la Bahía de Cádiz.
Según indica, uno de los objetivos marcados en esta investigación "era averiguar si se habían aplicado de manera correcta los fondos públicos otorgados" por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) a las asociaciones "controladas" por el exconsejero de Hacienda.
Para ello, se solicitó en marzo de 2015 a las entidades bancarias en las que las asociaciones de dicho entramado empresarial titulaban cuentas que remitieran a la UCO, entre otros datos, la relación de movimientos obrantes en las mismas y las contrapartidas de transferencias realizadas por importe superior a 300 euros.
Con esta información, "se perseguía comprobar el circuito económico que habrían experimentado las subvenciones desde su ingreso en las cuentas de las beneficiarias, hasta el destino dado a éstas en el desarrollo de la actividad", señala la UCO.
Al hilo, pone de manifiesto que, durante el análisis de la información remitida por las entidades bancarias, que continúa en proceso, "se ha identificado que estas asociaciones transfieren la mayoría de los fondos públicos a entidades vinculadas a las que supuestamente les adquieren todos los recursos necesarios para el desarrollo de los proyectos formativos del Plan Delphi".
7,4 MILLONES DE EUROS
Estas entidades, "administradas de hecho por la persona de Ángel Ojeda, forman parte del grupo Prescal, el cual estaría siendo, por consiguiente, el principal destinatario de las subvenciones concedidas", dice la UCO, que agrega que de las transferencias emitidas a las mercantiles de Prescal "se ha observado que un porcentaje de las mismas tiene como destino cuentas tituladas por éstas en la entidad BBVA, las cuales son todas libretas de ahorro".
Además, asevera que "se da la circunstancia, por un lado, que las salidas hacia estas cuentas suelen suceder escasos días después de recibir los pagos de las subvenciones, y por otro lado, que los conceptos de las transferencias aparecen en blanco, es decir, no hacen referencia, como en otros casos, al pago de facturas".
Según precisa, las cantidades transferidas a las cuentas de ahorro del BBVA tituladas por las entidades pertenecientes al entramado empresarial de Ojeda "superan los 7,4 millones de euros", desde los 200.000 euros de Innova hasta los 1.288.094,74 euros de Prescal.
La juez, que en esta pieza separada mantiene como investigados tanto a Ojeda como a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y Manuel Recio, ha dado traslado del oficio de la UCO tanto a la Fiscalía Anticorrupción como a las partes personadas en el procedimiento.
"SIMULACIÓN DE CONTRATOS"
De otro lado, el Ministerio Público ha elevado un escrito a la juez, consultado por Europa Press, en el que señala que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, a través de la Dirección General de Inspección de Trabajo y Seguridad Social, "incoó y sancionó a las entidades beneficiarias por infracción grave por la simulación de contratos".
En este sentido, el fiscal delegado Anticorrupción, Fernando Soto, expone que la administración "efectivamente consideró que se ha simulado la contratación laboral de una serie de afectados por el cierre de Delphi para la obtención indebida de prestaciones por parte de éstos, utilizando de forma fraudulenta" lo dispuesto en el artículo 97.1 de la Ley General de la Seguridad Social.
El fiscal asevera que "esta simulación está tipificada y calificada como infracción muy grave en materia de Seguridad Social", por lo que interesa que se oficie al citado organismo "a fin de informar sobre el estado y en su caso resoluciones jurisdiccionales por los procedimientos y sanciones impuestas por ese organismo por simulación contractual así como otras derivadas de las mismas".
El Juzgado, por medio de una diligencia de ordenación fechada el 2 de junio, ha acordado librar oficio al Ministerio de Empleo y Seguridad Social "en los términos solicitados".
