La presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció ayer que va a proponer a la comunidad universitaria andaluza "no aplicar" la reforma universitaria aprobada por el Consejo de Ministros "porque devalúa lo público y perjudica a los estudiantes".

En su cuenta de Twitter, Díaz se ha referido de esta forma a la aprobación por el Gobierno central de una parte de la reforma universitaria que defiende el Ministerio de Educación y que da a las universidades la posibilidad de ofertar grados de tres años más dos de máster junto a los actuales de cuatro años más uno con el fin de equipararnos a la mayoría de los países europeos.

"Desde Andalucía rechazamos frontalmente una reforma universitaria sin consenso y que impone la segregación entre nuestros jóvenes", señaló la presidenta de la Junta en otro de los tuits. Según explica la jefa del Ejecutivo andaluz, el Gobierno de Rajoy "sigue en su estrategia de convertir la educación en un lujo. Con la reforma de la Universidad rompen la igualdad".

La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo convocará de forma urgente el Consejo Andaluz de Universidades la próxima semana para rechazar la aplicación del decreto. "Esta norma rompe el principio de igualdad, nace sin consenso de la comunidad educativa y supone un nuevo recorte encubierto del gasto público universitario, al encarecer la factura de los estudiantes y disminuir la financiación pública", asegura la consejería en un comunicado.

REFORMA IMPUESTA Según la Junta andaluza, rompe el principio de igualdad porque la reforma "impuesta" por el Gobierno central "ataca directamente al corazón de la igualdad de oportunidades del sistema educativo público" algo que, en su opinión, se hace en un doble sentido: los estudiantes de menos recursos pueden buscar refugio en la opción del 3+2, ya que con tres años tendrían desde el punto de vista formal las mismas competencias que los estudiantes de 4+1.

Este decreto genera "confusión social" y desde la Junta se considera que la convivencia entre los dos modelos impide que la educación actúe como "ascensor social", encareciéndola en un momento donde las cuantías de las becas de estudios "han bajado desde la llegada del Partido Popular al Gobierno". La Junta señala que la norma se ha aprobado sin consenso y vía BOE, con lo que el Gobierno central "vuelve a actuar en materia educativa utilizando la política del rodillo", como hizo con la Lomce, en la que el único consenso que ha obtenido es el de toda la oposición de derogar una ley en cuanto salga el PP del Gobierno.

El PSOE, por su parte, denunció esta reforma porque "ataca directamente al corazón de la igualdad de oportunidades" del sistema educativo público. "El PP quiere una educación para ricos y otra para gente con menos recursos", censuró Juan Cornejo,