El consejero de Turismo y Comercio de la Junta, Rafael Rodríguez, anunció ayer que el Gobierno andaluz interpondrá un recurso ante el Tribunal Constitucional por considerar "inconstitucional" el real decreto-ley 8/2014, de 4 de julio, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, aprobado por el Consejo de Ministros, "tanto por elementos de forma como de fondo".
Así lo indicó el consejero en rueda de prensa en Sevilla, donde estuvo acompañado por los diferentes agentes económicos del sector del comercio, tales como representantes de los sindicatos UGT y CCOO, Antonio Cardeña y Gonzalo Fuentes, respectivamente; el presidente de la Confederación Empresarial de Comercio de Andalucía (CECA), Manuel García, así como representantes de la organizaciones de consumidores Facua, Jordi Castilla; UCE, Juan Moreno, y la presidenta de la Federación Al-Andalus, Angeles Rebollo.
Rodríguez explicó que, en cuanto a los elementos de forma, el recurso se basa en el hecho de que "no se puede utilizar la vía del decreto-ley para sustraer al Parlamento andaluz y al sector la capacidad de intervención, diálogo y de decisión".
De otro lado, se refirió a los elementos de fondo y aseguró que mediante esta iniciativa del Gobierno central "se violentan las competencias exclusivas de Andalucía en materia de comercio interior", garantizadas en el Estatuto, que "es ley orgánica y forma parte del bloque constitucional", apostilló.
Además, el consejero precisó que ratificarán "la plena vigencia de la normativa comercial de Andalucía", lo que significa que las nuevas zonas de gran afluencia turística se regirán "en base al decreto en vigor en la comunidad", el cual articula el procedimiento, los requisitos y la competencia para declarar estas zonas. Por tanto, "será la Junta la que decidirá el ámbito temporal y geográfico de cada una de estas zonas que se declaren en la región", aseguró. Y es que, como apuntó Rodríguez, en Andalucía hay en torno a 112.000 comercios, de los que "el 97% tiene menos de tres trabajadores".
En esta misma línea se manifestó el presidente de la CECA, quien defendió el modelo comercial existente en Andalucía, ya que "lo vienen defendiendo desde hace años". Así, tachó de "agresión" la iniciativa del Ejecutivo central, puesto que, a su juicio, "no es necesaria ni la ha demandado el sector". "El problema es el consumo, y porque haya más horas para abrir no se va a consumir más", añadió.
