El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha calificado hoy de "una buena noticia" la sentencia del Tribunal Constitucional que estima parcialmente el recurso del Gobierno central contra el decreto-ley antidesahucios de la Junta de Andalucía y ha apoyado la legislación estatal en esta materia.

Sanz ha recordado en un comunicado que el decreto anulado fue aprobado en el anterior gobierno bipartito andaluz siendo consejera de Fomento Elena Cortés (IU) y ha opinado que el fallo del Constitucional corrobora que "todos los españoles son iguales ante la ley" y evita "una inseguridad jurídica innecesaria y perjudicial para los intereses de todos los andaluces",

En su opinión, el TC reconoce en esta sentencia que el Gobierno central ha impulsado medidas "destinadas a ayudar a las familias que lo están pasando mal, protegiendo a los deudores hipotecarios en riesgo de exclusión y constituyendo un fondo social de viviendas a fin de promover el mercado hipotecario".

Ha recordado que el Constitucional confirma que el decreto de la Junta "invade la competencia exclusiva del Estado en materia de coordinación de la planificación general de la actividad económica" y obstaculiza, con las expropiaciones, "la eficacia de las medidas de política económica que han permitido que España vuelva a la senda del crecimiento y la creación de empleo".

"El alto tribunal avala las tesis del Gobierno de España en el sentido de que el decreto ley de la Junta afectaba al contenido esencial del derecho a la propiedad, normativa reservada a las Cortes, con sanciones para los propietarios de vivienda contrarias al principio de presunción de inocencia recogido en la Constitución y una regulación a nivel regional que vulneraba la igualdad de todos los españoles", ha añadido.

Sanz ha aludido a la "preocupación" que suscitó este decreto de la Junta en la UE y la carta remitida en su día por la Comisión Europea al Gobierno de España avisando de "las posibles consecuencias" de la medidas antidesahucios de la Junta, en la que se advertía de que "además de crear inseguridad jurídica, podrían hacer aumentar las dudas sobre el mercado inmobiliario español y reducir el interés de los inversores".

El delegado del Gobierno ha recordado que el Gobierno central ya promovió en las Cortes una ley antidesahucios que incluye "medidas destinadas a proteger a los más débiles y reequilibrar las posiciones entre deudores y entidades financieras, con respeto a la legislación europea y a los derechos constitucionales".

Esta ley paraliza los procesos de desahucio por dos años cuando las familias se encuentran en riesgo de exclusión social y promulga un código de buenas prácticas al que se han adherido la mayor parte de las entidades bancarias, con posibilidades de renegociación de la deuda, limitación de los intereses de demora y creación de un banco de viviendas para familias desfavorecidas.

Sanz ha recordado que está pendiente de sentencia un recurso posterior presentado por el Gobierno contra la ley aprobada por la Junta 1 de octubre de 2013, que derogaba el decreto anulado parcialmente ahora por el TC y que, en su opinión, reproduce las cuestiones ahora impugnadas por el alto tribunal.