Andalucía volvió a ser ayer prácticamente la única voz discordante y crítica con el Ministerio de Sanidad en el Consejo Interterritorial que sentó al Gobierno con las comunidades para ratificar el polémico copago sanitario. La Junta expresó una vez más su rechazo frontal a una fórmula que, a su juicio, "no es inocente", sino que persigue acabar en un "aseguramiento privado". La consejera de Salud, María Jesús Montero, acudió a Madrid el mismo día en que su departamento iniciaba la segunda subasta de medicamentos, una medida de ahorro que ha puesto en pie de guerra al Gobierno central contra el andaluz.

La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, recibió el esperado respaldo de las comunidades del PP y la oposición firme de Andalucía a los nuevos copagos para los usuarios de ambulancias y los productos ortoprotésicos y dietoterápicos. Aunque también se abordó la revisión de la cartera básica de servicios del Sistema Nacional de Salud --que Andalucía alerta de que se rebajará--, el punto más polémico fue el copago en el transporte sanitario no urgente.

Cada viaje tendrá un coste para el ciudadano de cinco euros, 10 si es ida y vuelta, con un tope de 10, 20 o 60 euros al mes en función de la renta. Para ello se establecen los mismos grupos que se utilizan para el copago de medicamentos (menos de 18.000 euros anuales, entre 18.000 y 100.000 euros, y más de 100.000 euros). Andalucía y otras regiones pidieron que los pacientes oncológicos y los que se someten a diálisis no paguen las ambulancias. Montero aseguró que el "copago a la carta" --que la Junta ha recurrido al Constitucional-- es "tremendamente grave" y criticó que añade "dolor y angustia" al enfermo, muchos de los cuales "no podrán pagarse el tratamiento".

La consejera andaluza puso un ejemplo gráfico: un enfermo de cáncer de esófago que necesite tomar una dieta blanda tendrá que pagar por ella unos 50 euros al mes. "El copago es un despropósito irracional, una cabezonería que forma parte del catecismo de la derecha", manifestó Montero a los periodistas por la mañana en los pasillos del Parlamento andaluz. La consejera dijo además que no sabe cómo funcionará el operativo para cobrar los servicios. "No nos lo han explicado aún. Lo que no puede ser es que los administrativos tengan que cobrar con una caja", señaló.

SUBASTA DE FARMACOS No solo el copago enfrenta a Gobierno y Junta. El conflicto más importante entre ambas administraciones es a cuenta de la subasta de fármacos, una medida con la que el Gobierno andaluz prevé ahorrar 200 millones al año. La consejería inició ayer el segundo concurso para elegir 330 principios activos diferentes. Esta nueva convocatoria, que se produce tras el levantamiento de las medidas cautelares por parte del Tribunal Constitucional, afecta a todos los fármacos para los que exista más de un preparado comercial en el mercado y estén incluidos en las agrupaciones homogéneas definidas por el Ministerio de Sanidad.

Cuando Andalucía anunció que retomaría la subasta, tras el espaldarazo del TC, Mato avisó a la Junta de que volverían a verse en los tribunales. Montero tildó de "lamentables" las declaraciones de Mato y achacó su "obsesión" a la "defensa de los grandes laboratorios".