La consejera de Salud, María Jesús Montero, anunció ayer que desde el Ejecutivo autonómico van a instar al nuevo Gobierno de España a que "inicie las oportunas acciones legales" contra aquellas comunidades autónomas que, en su opinión, "están conculcando derechos reconocidos a los ciudadanos a lo largo de las diferentes legislaciones".
Tras la reunión del Consejo de Gobierno, Montero contrapuso sus acciones de gobierno como el "despliegue de medidas inéditas a las que estamos asistiendo en los últimos días en algunas comunidades como Cataluña o Murcia, que solo se pueden ver como un ataque al sistema sanitario público, en el que creemos y venimos trabajando desde hace muchos años en Andalucía".
En concreto, la titular andaluza de Salud hizo referencia a la voz de alarma elevada recientemente por el PSOE murciano acerca de que la comunidad que gobierna Ramón Luis Valcárcel (PP) está retirando de forma temporal la tarjeta sanitaria a inmigrantes y parados sin recursos, al ticket moderador en el que está trabajando el Gobierno catalán de Artur Mas (una fórmula de copago) o al nuevo anuncio dado a conocer ayer mismo por el conseller de Salud de la Generalitat de Cataluña, Boi Ruiz, acerca de reformar el sistema sanitario español para que los ciudadanos, a partir de un determinado nivel de renta, tengan que contratar obligatoriamente una póliza privada.
"La retirada de la tarjeta sanitaria a parados o el hecho de incorporar tasas o cobros a la prestación de servicios entendemos que contraviene la normativa estatal y que, por tanto, habrá que instar al nuevo Gobierno de España a que inicie las acciones legales oportunas contra esas comunidades que están conculcando derechos reconocidos a los ciudadanos a lo largo de las diferentes legislaciones".
Montero, quien de hecho anuncio que desde su departamento ya están "trasladando las primeras iniciativas en este sentido", alertó de que este tipo de medidas "rompen" la cohesión del Sistema Nacional de Salud y "lesionan derechos básicos".
Preguntada precisamente por si se puede crear un "frente peligroso" en el sentido de que unas comunidades puedan mantener unas prestaciones que otras no oferten, recordó que la cartera de servicios básica para todo el SNS "ha sido un elemento cohesionador" en los últimos años.
POLIZA PRIVADA "Ahora estamos asistiendo a un concierto que no tiene una partitura definida y con medidas aisladas que lo que hacen es poner en tela de juicio la prestación de algunos servicios o la exclusión de colectivos", reprochó Montero, para quien el "globo sonda lanzado por Cataluña" sobre la obligación de tener un seguro privado no es más que implantar "el modelo holandés, que hizo un sistema de privatización después de tener uno público, que derivó en que se incrementase en tres puntos el porcentaje de su PIB; es decir, no produjo un ahorro en las prestaciones de servicios sino que las incrementó".
Para Montero, plantear este tipo de modelos son "palabras mayores" y recordó que "es el Estado el que tiene la competencia de la inspección para hacer cumplir la legalidad vigente".
