La consejera de Salud y Bienestar Social, María Jesús Montero, tildó ayer de "impresentable" y "lamentable" que el Ministerio de Sanidad "haya cumplido con su amenaza" de bajar el precio a dos de los 17 laboratorios que participaron en la subasta de fármacos andaluza y que lograron la concesión de dos medicamentos al haber presentado la mejor oferta. El Gobierno central ya recurrió la subasta de fármacos en los tribunales y logró paralizarla cautelarmente, aunque el Constitucional levantó esa suspensión y permitió que se celebrase. Aún así, Sanidad advirtió a las farmacéuticas que habría represalias si participaban en la criba. Con este procedimiento, la Junta prevé ahorrar 210 millones en fármacos este año.

Los dos laboratorios que ganaron la subasta fueron adjudicatarios de dos moléculas, una para prevenir coágulos coronarios o vasculares, y otro para tratar el colesterol. Ahora el Ministerio de Sanidad les obliga a rebajar hasta un 20% el precio de dichos fármacos, según adelantó ayer el diario El País.

TRES VES A LOS TRIBUNALES Montero reflexionó ayer, en Cádiz, acerca de lo "difícil" que tiene que ser para el ciudadano de a pie, "que está sufriendo en su casa la crisis", entender este "empeño" del Gobierno de España de llevar este asunto "por tres veces" a los tribunales para impedir el desarrollo de la subasta y, además, que "amenacen a los laboratorios que se presentan a nuestro concurso, que es público y legal, y ha contado en dos ocasiones con el visto bueno del Tribunal Constitucional, diciéndoles que si se presentan a la subasta en Andalucía se les bajará el precio", aseguró.

La consejera explicó que la farmacéutica es la industria que tiene la cuenta "más abultada de beneficios" y, por ello, entiende que para "distribuir los esfuerzos de la crisis" es conveniente que ésta "contribuya al sostenimiento del sistema sanitario y no que nos lleven a los tribunales". También recordó que la Junta ya había denunciado públicamente las "amenazas" contra la subasta de fármacos que formularon "dirigentes del PP en Andalucía".

Montero lamentó que se hayan cumplido esas amenazas y que los laboratorios que han sido los principales adjudicatarios de la subasta "vean bajados sus precios en el resto de España y se les penalice bajando de forma unilateral su precio". "Es lamentable", insistió. "Se consagra en este momento esa sanción porque es un aviso al resto de empresas para que no concurran a la segunda subasta, a la que van 17 empresas". La Junta no ha adelantado los nombres de las mismas porque está en proceso de negociación y para evitar que el Gobierno vuelva a interponerse.

Estas subastas, volvió a explicar ayer la consejera Montero, se realizan para permitir un ahorro de "200 millones de euros a las arcas publicas", lo que cuesta, por ejemplo, mantener abierto durante un año el hospital de Jerez de la Frontera (Cádiz), o el coste económico de 4.500 profesionales.