El Gobierno andaluz ha presentado un recurso contra la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de suspender cautelarmente la integración en el nuevo Servicio Andaluz de Empleo (SAE) del personal laboral de la Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo y de los Consorcios de Unidades Territoriales de Empleo, Desarrollo Local y Tecnológico (Utedlt).
La resolución judicial fue el segundo veto que el TSJA pone a la compleja y controvertida reordenación del sector público, que supuso la integración de 23.000 trabajadores de las 111 empresas públicas (con contratos privados) en ocho macroagencias. Los jueces sostienen, calcando los argumentos de los funcionarios contrarios a la norma, que los protocolos de integración del personal laboral en las agencias convierte a estos automáticamente en empleados públicos, con el mismo nivel y con las mismas funciones que un funcionario.
Todos los decretos que regulan las ocho agencias, los estatutos y los protocolos están recurridos. La Junta da por sentado que habrá más varapalos judiciales, pero ayer quiso enmarcar esta posibilidad dentro de la normalidad: "Toda reforma pública siempre es compleja y provoca desacuerdos con los afectados. Es norma que haya demandas y que la Junta gane unas y pierda otras. Así será hasta que termine de aquilatarse el nuevo marco jurídico", sostuvo la consejera de Presidencia, Mar Moreno.
El Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta (Safja), uno de los más beligerantes con la reforma presentó ayer varios escritos ante las consejerías y delegaciones provinciales de Empleo y Cultura en Sevilla para que "acaten las últimas sentencias del TSJA y cumplan con la Ley", algo que harán en las siete provincias restantes. Safja exige a la Junta que suspenda la integración del personal laboral en el SAE.
