El rector de la Universidad de Sevilla, Miguel Ángel Castro, ha pedido perdón «a la sociedad», a las dos profesoras y a la becaria víctimas de acoso sexual por parte del catedrático Santiago Romero, condenado a siete años y nueve meses por estos abusos cuando fue decano de Ciencias de la Educación. En conferencia de prensa, Castro admitió que de la lectura de las actuaciones académicas que ha conllevado este proceso, que se inició con una denuncia contra Santiago Romero a finales de 2010, puede deducirse que se ha producido «simetría» entre las adoptadas para las denunciantes y el denunciado, ahora condenado. El rector aseguró que la Universidad actuará «con diligencia y la máxima contundencia» en el caso y el desarrollo del expediente disciplinario abierto a Santiago Romero, quien, mientras ese expediente culmina, cobrará el 75% de su sueldo.

A la pregunta de por qué el equipo directivo de la Universidad no se dio por aludido cuando un grupo de profesoras recogió firmas por este caso y hasta se concentró a las puertas del Rectorado después de denunciarse los hechos, y de si profesores se han manifestado en apoyo del condenado y los que pudieron denunciarlo antes no lo hicieron, el rector aseguró que todas esas circunstancias se investigarán «en profundidad».

El rector explicó que el expediente disciplinario reabierto contra el condenado y que fue paralizado con motivo de las actuaciones judiciales contra el catedrático, sufrió esta paralización por decisión de los servicios jurídicos de la Universidad. «En seis años, los que saben mucho de leyes, que son los jueces, no lo hicieron», contestó el rector a preguntas sobre si durante estos años no ha sido posible apartar de sus funciones docentes a Romero o el expediente disciplinario académico no podía haber seguido adelante pese a las actuaciones judiciales.

DENUNCIA DEL 2010 / Castro recordó que fue la Universidad la que denunció judicialmente el caso, ya que la denuncia contra Romero en la Universidad se recibió el 3 de noviembre de 2010, al día siguiente se abrió una información reservada para la apertura del expediente disciplinario y, en enero de 2012, se dio traslado a las autoridades judiciales.

En todo este periodo hasta ahora, que el rector calificó de «demasiado largo», lo que lamentó, no se adoptó ninguna medida de carácter cautelar contra Romero, quien ha seguido con el pleno desarrollo de su actividad docente hasta ser suspendido el pasado martes.

El rector enumeró las medidas adoptadas por la Universidad desde el curso 2011-12 para «separar» a denunciantes y denunciado, como la división de un departamento de la Facultad de Ciencias de la Educación en dos sedes, sus trabajos en distintas universidades durante un año y haber programado la actividad docente para que no coincidieran, además de haber prestado ayuda psicológica a las denunciantes en todo momento.