La consejera de Hacienda y Administración Local, María Jesús Montero, aseguró ayer que el Gobierno andaluz mantendrá una actitud de «rebeldía democrática» contra el objetivo de déficit autonómico establecido para el próximo año, aunque «en ningún caso será una rebeldía legal».
«El Gobierno andaluz nunca ha incumplido las leyes, pero sí pondrá toda la artillería democrática para exigir que se reprograme el objetivo de déficit», recalcó en la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, donde presentó un informe sobre los objetivos de estabilidad para el periodo 2018-2020 y sobre la propuesta del techo de gasto para el próximo ejercicio.
La consejera de Hacienda, que recalcó que el Ejecutivo seguirá defendiendo los intereses de Andalucía en los distintos foros, se refirió también a la liquidación de las entregas a cuenta y señaló que espera no encontrarse «una sorpresa del tipo a la que -denunció- nos hemos encontrado con el objetivo de déficit impuesto» por el Gobierno central. Preguntada si los Presupuestos de Andalucía para 2018 serán restrictivos o expansivos, indicó que es «imposible» hacer ningún tipo de previsión hasta que no se conozcan las entregas a cuenta y exigió al Gobierno central que, tras «meter la pata» con el objetivo de déficit, «compense» a las comunidades en los ingresos.
Así, según Montero, el objetivo de déficit y el techo de gasto fijados por el Gobierno central someten a Andalucía a un doble ajuste presupuestario, de forma que el Gobierno de Rajoy «ha asestado un duro golpe» a la comunidad andaluza. La reducción del objetivo de déficit del 0,6% al 0,3% del PIB, impuesto para el año 2018, exigirá un ajuste de 450 millones de euros en el próximo presupuesto de la comunidad, recordó.
