El Gobierno y las comunidades sellaron ayer en la 6ª Conferencia de Presidentes una decena de pactos, uno de ellos para negociar ya un nuevo sistema de financiación, aunque hubo muchas fricciones a cuenta de la armonización fiscal y quejas de las autonomías socialistas por lo que consideran dumping de Madrid.No ha sido tan plácida como se esperaba esta edición de la cumbre autonómica -que ahora se ha reglamentado para que haya una al año-, la segunda con Mariano Rajoy como presidente del Gobierno, a la que se llegaba con 10 acuerdos prácticamente cerrados sobre la mesa.

Unos acuerdos que han quedado un poco eclipsados por los recelos de las comunidades -y no sólo socialistas- por las diferencias en el modelo fiscal entre territorios, con Madrid en el foco de la polémica, ya que algunas autonomías la acusan casi de hacer dumping, es decir, competencia desleal, con su menor presión fiscal sobre los contribuyentes.

Y es que el alto grado de consenso en temas como Europa, la educación, la violencia machista o el reto demográfico no ha evitado los roces en éste, que se ha erigido como el más peliagudo de la conferencia y que amenaza con convertirse en uno de los principales escollos a superar en la futura negociación de la financiación autonómica.

Fue precisamente Susana Díaz la primera en reclamar que en el nuevo modelo de financiación se ponga «un tope máximo y un tope mínimo» en impuestos cedidos a las autonomías, como el de patrimonio y el de sucesiones, propuesta a la que se sumaron otros barones socialistas como Javier Fernández o Guillermo Fernández Vara.

Y otro que también ha «regañado» a Cifuentes ha sido el cántabro Miguel Ángel Revilla, aunque, según contó él mismo, han acabado el encuentro en buenos términos. Incluso a presidentes de comunidades gobernadas por el PP como el de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, o Galicia, Alberto Núñez Feijóo, no les disgustan los topes impositivos, pero entre las filas socialistas hay quien no los ve con tan buenos ojos, como la balear, Francina Armengol, una de las pocas aliadas de Cifuentes en este asunto, junto con el murciano, Pedro Antonio Sánchez.

Cifuentes defendió a capa y espada las bondades del modelo madrileño y consideró que la armonización fiscal sería un «retroceso» para la economía de la región. Sea como sea, las quejas no han caído en saco roto y al menos se ha pactado evaluar la gestión de los tributos cedidos para favorecer la armonización fiscal. Otra cosa será si eso influye o no en el modelo que se decida.

El acuerdo sobre financiación autonómica ha llevado su tiempo y lo que se ha cerrado es que el nuevo sistema esté listo antes de que acabe 2017. Para ello, en un mes se constituirá una comisión con representantes de cada comunidad. Se tendrá además en cuenta el coste efectivo de los servicios públicos y no sólo la población y, en este último caso, se valorará el envejecimiento, la dispersión o la ruralidad del territorio.

Además, las autonomías socialistas han avisado de que no admitirán ni el principio de ordinalidad ni pactos bilaterales con nadie, en un claro aviso a navegantes para comunidades como Cataluña, cuyo presidente, Carles Puigdemont, no acudió a la reunión, como tampoco lo hizo el lendakari, Íñigo Urkullu.

En la rueda de prensa del final de la reunión, Rajoy señaló que en el debate de financiación no caben imposiciones ni mayorías de unos y otros, sino que se requiere un acuerdo con las comunidades y también en el Parlamento.

BAJA RECAUDACIÓN / Dentro de la reunión, a puerta cerrada, advirtió a los presidentes autonómicos de que los niveles de recaudación actuales no son los de antes de la crisis y, de hecho, hay 20.000 millones de euros menos que entonces. El estudio sobre la ley de dependencia y una pieza separada de sanidad en la financiación son otros de los pactos rubricados, que incluyen asimismo la posibilidad de que cada autonomía negocie con Hacienda poder convocar una oferta pública de empleo en educación, sanidad y servicios sociales por encima de la tasa de reposición.