El secretario de organización del PSOE andaluz, Juan Cornejo, insistió ayer en que la actuación de la juez Mercedes Alaya en la instrucción del caso de los fondos de formación daña "grave e injustamente" y "sin pruebas" la imagen del partido, lo que justifica una queja "inmediata" ante el CGPJ. En rueda de prensa, Cornejo explicó que desde el Juzgado de Instrucción número de 6 de Sevilla se ha intentado vincular "sin fundamento alguno" el caso de los cursos de formación con una presunta financiación del PSOE andaluz, al plantear la juez esta posibilidad en el interrogatorio a uno de los testigos.
"Quiero recordar que en el sumario de este caso no figura ninguna denuncia, ni tan siquiera alusión o referencia, a una presunta financiación (del PSOE), y aún así en el interrogatorio del lunes se desliza una grave insinuación que por supuesto carece de todo fundamento", argumentó Cornejo. El número dos de los socialistas andaluces dijo que desde el partido se cree que se está dañando su "reputación e imagen pública" al dar a entender a la ciudadanía que el juzgado sevillano está desarrollando una investigación "sobre una supuesta financiación ilegal del PSOE que no existe y que jamás ha existido".
En su réplica, el PP cree que la queja que el PSOE elevará al Poder Judicial contra la juez Alaya es una "orden directa" de la presidenta Susana Díaz, que evidencia su "soberbia y nerviosismo". El portavoz parlamentario del PP, Carlos Rojas, señaló en rueda de prensa que "el PSOE está muy nervioso con lo que está ocurriendo en sede judicial", por lo que les recomendó que "serenen los ánimos y el nerviosismo que parece que tiene Díaz".
Por otro lado, el antiguo responsable de Formación Ocupacional de la Junta, Teodoro Montes, concluyó ayer, tras 31 horas, su declaración como testigo clave en la macrocausa de los cursos de formación, y destacó las innumerables irregularidades en los cursos y su excesivo gasto. Ante la juez Alaya, el testigo declaró por séptimo día, primero a preguntas del defensor del exconsejero Angel Ojeda, luego de la magistrada y después del abogado del exconsejero Antonio Fernández, también imputado.
ESCASA CALIDAD En el testimonio de ayer afirmó que la relajación de los controles provocó innumerables irregularidades en el alumnado y en los contenidos de las acciones formativas, de las que destacó una escasa calidad y bajo aprovechamiento por parte de los alumnos, y apuntó que las denunció a sus superiores sin que se corrigieran. Dijo que se podrían organizar las acciones formativas con un tercio menos del dinero que se aportaba, y agregó que en el argot de los funcionarios se denominaba "subnormal" a las entidades que certifican el gasto real y no el cien por cien de la subvención.
El testigo afirmó que se gastaba en exceso el material fungible de los cursos, y precisó que eso ocurrió con la carne empleada para acciones formativas destinadas a trocear y filetear piezas.
