Un funcionario de la Consejería de Empleo que participó en el 2011 en la revisión de las ayudas investigadas en el caso ERE, tras saltar el caso judicial, ha dicho que detectaron 188 personas sin derecho a cobrar, entre ellos prejubilados que trabajaban y herederos de beneficiarios fallecidos. Rafael Ángel Silva declaró ayer como testigo en la pieza política del caso ERE. Fue coordinador de la Viceconsejería de Empleo entre el 2010 y el 2012 y participó en la comisión de información reservada que se creó en enero del 2011, por orden del viceconsejero Justo Mañas, para revisar los expedientes de concesión de ayudas a raíz de estallar la investigación judicial tras detectarse los llamados «intrusos» en el ERE subvencionado de Mercasevilla, germen de la macrocausa.

Según ha explicado, analizaron 69 expedientes y sólo «en una minoría», en torno al «15-20% de los casos» había solicitud, y sólo en las ayudas dadas a partir del 2008 constaba una resolución formal. Se detectaron 77 beneficiarios que no habían trabajado en las empresas en cuyo ERE figuraban y otros 111 casos con «irregularidades administrativas», entre las que ha citado que cobraban personas que tras recibir una renta de prejubilación volvieron a trabajar por cuenta ajena y la siguieron cobrando así como «herederos de beneficiarios fallecidos». También detectaron perceptores de «rentas vitalicias» y no vieron ni expedientes de gasto ni mecanismos de control posterior del destino de las ayudas o informes del Gabinete Jurídico para la concesión de las ayudas. En marzo del 2011 entregaron al viceconsejero sus informes de la revisión y en abril se pidió un informe al Gabinete Jurídico para determinar si los actos de resolución de las ayudas eran nulos, y en mayo se dictaron dos resoluciones para incoar expedientes en aquellas que se detectaron irregularidades y para reanudar el pago paralizado desde febrero al resto de beneficiarios legítimos. El que fuera director general de Trabajo de la Junta entre abril de 2010 y junio de 2012, Daniel Rivera, que declaró también ayer en el juicio señaló que a su llegada a este órgano «no tenía por qué sospechar de que se hubiera irregularidades». «Acepté el modo de hacer las cosas hasta la fecha, sin cuestionar nada, ni el procedimiento», admitió.

Por su parte, el exviceconsejero Justo Mañas que también testificó, explicó cómo se decidió revisar las ayudas «buscando fundamentalmente personas que no tuviesen derecho» por no cumplir los requisitos fijados en los ERE o ni siquiera pertenecer a la empresa en cuestión, y al ver que «no era un caso ni dos», se decidió paralizar los pagos hasta aclarar la situación. «Alguien nos podía haber acusado de matar moscas a cañonazos al paralizar ayudas a casi 6.000 personas por un 2% de irregularidades y yo admito esa crítica pero en aquel momento era mejor pecar por exceso que por defecto», afirmó. Tras la revisión se hizo una orden en abril de 2011 para «mejorar el sistema» implantando la fiscalización de cada ayuda y unos requisitos que debían constar en una solicitud formal al entender que eran los elementos que «habían facilitado la aparición de intrusos».