PP-A, Podemos y Ciudadanos reclamaron ayer al Gobierno andaluz que aclare si paga o no la defensa jurídica de los ex altos cargos de la Junta que están siendo juzgados en el caso de los ERE irregulares y avanzaron que presentarán iniciativas en el Parlamento para exigir explicaciones. La portavoz parlamentaria del PP andaluz, Carmen Crespo, confirmó que su grupo registrará una pregunta al Ejecutivo autonómico para que detalle quién paga la defensa los altos cargos imputados en el juicio de los ERE. «Los andaluces tienen derecho a saber quién paga a los bufetes de abogados, una pregunta lógica a la que debe responder el Gobierno», demandó Crespo. Por su parte, Ciudadanos pidió al Gobierno andaluz que aclare si abona o no la defensa jurídica de los ex altos cargos enjuiciados por este caso.

El presidente y portavoz del Grupo de Ciudadanos en el Parlamento, Juan Marín, manifestó que él desconoce si se está pagando o no esa defensa, y advirtió que la Junta «no se puede negar a dar esa información».

Para Marín, si alguien se está «dedicando a pagar la defensa de estos señores, se tendrán que dar las explicaciones y si alguien tiene que dimitir por ello tendrá que hacerlo». La líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez, subrayó, que es «evidente» que el dato del pago a los abogados «se tiene que conocer», aunque otra cosa es el debate sobre si la administración tiene que asumir la defensa de sus funcionarios, de su personal, si son absueltos. «La imagen es terrible», señaló sobre el hecho de que «no se quieran aclarar los datos cuando hay un caso abierto que pone en cuestión todo el sistema de ayudas al desempleo en Andalucía».

En su opinión, se tienen que «dar los datos y debatir acerca de la idoneidad de que esas defensas trabajen para los acusados». No obstante, incidió en que lo que más le preocupa es que la acusación particular de la Junta haya decidido pedir el archivo de la pieza. El PSOE-A por su parte, garantizó ayer, a través de su portavoz, Mario Jiménez, que la Junta cumplirá la ley respecto a la cobertura legal de los altos cargos y «esperamos que nadie pida que la incumpla», avisó.