El Partido Popular dejó ayer claro que no reconoce ninguna deuda pendiente del Estado con Andalucía. La Junta firmó con el Gobierno de Zapatero un déficit de 1.502 millones de euros. La cantidad se fijó tras calcular las inversiones no ejecutadas en el 2008 y el 2009. El Gobierno de Zapatero siempre respetó sobre el papel el Estatuto de Andalucía, que exige --hasta el 2014-- que las inversiones del Estado se ajusten al peso de la población de la comunidad (el 18%). Sin embargo, las cantidades consignadas no se ejecutaron. De ahí el déficit. En octubre del 2011, Gobierno y Junta alcanzaron un acuerdo. Zapatero reconoció la cantidad impagada si bien la dejó sin abonar. En los últimos PGE el Gobierno de Rajoy incumplió por vez primera la cláusula del Estatuto que exige inversión por población. La Junta anunció un recurso. El PP-A ya advirtió de que no había garantía de que se ejecutaran las cantidades que dejó impagadas el anterior Gobierno.
INVERSION NO VINCULANTE El portavoz del PP en materia de Administraciones Públicas en el Congreso, Juan José Matarí, aseguró ayer a los grupos parlamentarios que los estatutos de autonomía no obligan al Estado a invertir ninguna cantidad concreta en las comunidades. Así se expresó durante el debate de las enmiendas al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado del 2012 en el Congreso.
"Los compromisos presupuestarios (para inversiones definidos en algunos estatutos de autonomía) no vinculan al Estado en la definición de sus políticas de inversión, ni pueden condicionar la voluntad del legislador. Los compromisos recogidos en los estatutos son políticos, y no tienen que estar reflejados en los presupuestos. De hecho, según una sentencia del Tribunal Constitucional (TC) es al Estado al que corresponde en exclusiva decidir si procede, y en su caso en qué cuantía, dotar las partidas", defendió el popular. Esa sentencia a la que apeló Matarí se refería precisamente al contencioso que la Junta abrió con el Gobierno de Aznar para exigir cantidades pendientes.
Los socialistas habían registrado una serie de enmiendas parciales por un valor de 1.250 millones de euros para que el Gobierno cumpla con las inversiones previstas en las disposiciones adicionales de inversión de los estatutos de autonomía de nueva generación, es decir, los de Cataluña, Andalucía, Aragón, Baleares, Castilla y León y Extremadura, así como 151 millones de euros más para otras administraciones territoriales, 43 millones para inversiones en Canarias, 63 millones para el mantenimiento de los Planes Provinciales de Obras y Servicios (incluyendo el Plan Unico de la Generalitat) y otros 43 millones para el Fondo Especial para municipios de menos de 20.000 habitantes.
