La vicesecretaria general del PP andaluz, Virginia Pérez, ha pedido la dimisión del consejero de Educación, Luciano Alonso, "por dignidad y ética", tras conocerse que la empresa de un primo suyo ha sido exonerada de justificar 48 expedientes de ayudas a la formación por un valor de unos dos millones de euros. Según dijo ayer Pérez en conferencia de prensa, "no se puede poner a un lobo a cuidar las ovejas", en alusión a que Alonso es el encargado de revisar los ocho mil expedientes de ayudas a la formación para comprobar que no se han producido irregularidades con estas ayudas públicas.

A la vez que reiteró la petición de que se publique la lista íntegra de empresas que han sido exoneradas de justificar el empleo de estas ayudas para poder recibir otras, Pérez ha asegurado que Alonso "no está capacitado, está inhabilitado para ser el responsable de esa investigación interna".

Sobre el mecanismo de exoneración, Pérez ha asegurado que es legal pero también excepcional y que "cuando la excepcionalidad se convierte en norma ya es una irregularidad".

El secretario de Política Institucional del PSOE-A, Francisco Conejo, por su parte avisa a la vicesecretaria general del PP-A, Virginia Pérez, de que "no tiene legitimidad moral, ni de ningún tipo, para señalar a nadie cuando es incapaz de exigir explicaciones a su entorno más próximo sobre comportamientos supuestamente irregulares". "Pérez carece de legitimidad hasta que no explique las relaciones de su cuñado, Ricardo Tarno, con la trama Gürtel", ha replicado Conejo en un comunicado a Pérez después de que esta haya pedido la dimisión del consejero de Educación.