Una nueva operación policial vuelve a poner en tela de juicio la política de subvenciones de la Junta de Andalucía en materia de empleo. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) investiga un supuesto fraude masivo en cursos de formación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) pagados entre los años 2009 y 2011 y que en muchos casos no llegaron a impartirse aunque las empresas recibieron el dinero.

Fuentes policiales subrayan la magnitud del fraude y apuntan a que el volumen del dinero estafado superaría con creces los 140 millones del caso ERE , apuntando que no sería descabellada la cifra de 2.000 millones.

Las diligencias de la UDEF, llevadas a cabo por agentes de la brigada de Madrid, se iniciaron hace más de un año a raíz de varias denuncias de la Seguridad Social por irregularidades en cursos de formación, y aunque aún no se han remitido a ningún juzgado, los agentes ya han elevado un primer informe a la fiscalía.

La investigación parte de los tres millones de euros concedidos a 15 empresas de Málaga para impartir cursos de inserción para desempleados, pero las irregularidades se extienden a otras provincias, en concreto a Almería y Granada.

LOS EXPEDIENTES La Policía ya mira con lupa los expedientes relativos a todas las ayudas concedidas en dicho periodo, por un montante superior a los 3.700 millones. En Málaga, 15 empresas de la provincia estarían especializadas en impartir cursos a parados y supuestamente parte de estos ciclos formativos están siendo investigados, aunque hay otras empresas que, finalizado los presuntos cursos, se disolvían para eludir los controles, según las mismas fuentes.

Las pesquisas se centran en el dinero dado para cursos de formación con compromiso de contratación de, al menos, el 60% de los asistentes durante seis meses. Muchos de esos cursos no llegaron a impartirse, o si lo hicieron no contrataron a los asistentes. La Policía ya ha tomado declaración a más de 200 personas por este caso.

Tras las irregularidades que investiga la jueza Mercedes Alaya en las ayudas públicas en los Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) o las subvenciones a los sindicatos, este nuevo escándalo llega en medio de los rumores de ruptura entre los socios de Gobierno que se han suscitado por el realojo de los vecinos de la corrala Utopía y con el horizonte de un posible adelanto electoral en la comunidad.