El Pleno del Parlamento andaluz aprobó ayer el dictamen de la comisión de investigación sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación sin señalar a ningún responsable político, de manera que los expresidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, incluidos inicialmente en el texto a debate, quedan eximidos como responsables políticos de los hechos.
Los puntos que señalaban las responsabilidades políticas tanto de los expresidentes de la Junta como de sus subordinados fueron votados aparte a petición del PSOE. Los socialistas votaron en contra de toda responsabilidad política, mientras que PP y C’s las han exigido, Podemos declinó participar en la votación, e IU no entendió «el sentido del voto» y no votó, pidiendo posteriormente repetir la votación, a lo que el presidente del Parlamento, Juan Pablo Durán, se negó.
El resto del dictamen salió adelante con los votos de PSOE y C’s, el rechazo de PP e IU, mientras que Podemos decidió igualmente no ejercer su derecho al voto. De este modo, al aprobarse el dictamen, no se sometieron a votación los votos particulares que han mantenido los grupos y en los que se pedía la responsabilidad política de la presidenta de la Junta, Susana Díaz.
De este modo, la comisión de investigación, tras más de un año y medio de trabajo, se salda sin ningún responsable político, a pesar de que en el dictamen aprobado previamente por la comisión, se recogía que Chaves y Griñán «han sido responsables de los nombramientos de los diferentes titulares de la consejería competente y han ejercido la superior dirección y coordinación de todas las consejerías, y como tales son responsables».
CARGOS DE CONSEJERÍAS / Junto a Chaves y Griñán también figuraban como responsables políticos todas las personas titulares de la Consejería de Empleo y las personas titulares de la viceconsejería competente en materia de Formación Profesional para el Empleo, desde 2002 hasta el 4 de mayo de 2012.
De igual modo, también ha sido rechazado considerar responsables de las incidencias e irregularidades detectadas a todas las personas titulares de la dirección del Servicio Andaluz de Empleo (SAE); a las personas titulares de las delegaciones territoriales de la Junta de Andalucía con competencias en Formación para el Empleo; y a las personas titulares de las delegaciones provinciales del SAE.
De igual modo, y con los únicos votos del PSOE, la Cámara rechazó que existiera falta de medios materiales y humanos en la gestión de todos los procedimientos en todo el recorrido de esta política pública, «así como, en muchos casos, las carencias de formación y experiencia necesaria».
La única crítica a la gestión de la formación que el PSOE apoyó, junto a C’s, y por tanto salió adelante, es la referida a las dificultades organizativas y al retraso en la comprobación y justificación de los expedientes de subvenciones. Junto a ello, se ha rechazado también que la Junta no haya llevado a cabo la debida vigilancia y control que debiera ejercer cualquier responsable político, institucional, sobre sus subordinados, como recogía el dictamen aprobado por la comisión; y que existiera una actitud «proactiva» de la Consejería de Empleo para averiguar si los beneficiaros dedicaron el dinero recibido a la acción subvencionada.
RECOMENDACIONES / Sí salió adelante en su integridad el preámbulo y la introducción, así como la mayoría de las recomendaciones. Entre ellas, se aprobó exigir al Gobierno de la nación el desarrollo de la Ley de Formación Profesional para el Empleo, aprobada en septiembre de 2015 y que está a falta de desarrollo reglamentario, por lo que no ha podido ser aplicada; así como también la aprobación de una ley andaluza de formación profesional para el empleo, que en la línea de la legislación básica estatal, recoja las singularidades propias de la comunidad.
La creación de la comisión de investigación se aprobó por unanimidad de la Cámara y a propuesta de C’s en octubre de 2015. No fue hasta enero de 2016 cuando los grupos acordaron un listado con 69 comparecientes.
