La comunidad andaluza ha reducido a 21,03 días el periodo medio de pago a proveedores en junio, y en el último año ha cancelado 8.929 millones de deuda comercial.

Estos datos han sido aportados por la consejera de Hacienda, María Jesús Montero, que prsentó ayer un informe ante el Consejo de Gobierno sobre el cumplimiento de la normativa de morosidad y periodos medios de pago.

Montero anunció además la próxima presentación del decreto por el que se establece la garantía de los tiempos de pago de determinadas obligaciones de la Administración de la Junta, así como de la guía de cláusulas sociales.

El decreto que ultima la Junta pretende reducir a veinte días el periodo medio de pago a los proveedores de los servicios públicos esenciales frente a los treinta que establece la ley.

En la conferencia de prensa posterior, la consejera ha detallado que la Comunidad de Andalucía ha cancelado deuda comercial por valor de 8.929 millones de euros durante los últimos doce meses, lo que ha implicado abonar 2.282 facturas a proveedores y alcanzar un periodo medio de pago de 30 días (en el último año), justo lo que marca la normativa sobre estabilidad presupuestaria.

En el pasado mes de junio este promedio se ha situado en 21,03 días, cifra por debajo de los 50,76 del conjunto de comunidades autónomas y muy inferior, según ha destacado, a las de regiones como Extremadura (118 días), Aragón (97), Castilla y León (81), Valencia (77) o Madrid (55).

Los pagos efectuados en junio para reducir la morosidad han ascendido a 866 millones de euros, de los que el 61 % se ha destinado a proveedores de las áreas sanitarias y de servicios sociales.

Montero ha recordado que durante el ejercicio 2015 su departamento ha acometido una serie de cambios dirigidos a la implantación de un nuevo modelo de gestión de la tesorería para mejorar la eficacia en la realización de los pagos.

Como parte de este proceso, se ha trabajado en el diseño del Censo Único de Obligaciones, que unifica de forma agregada la información relativa a las obligaciones cuyo pago debe materializar tanto la Junta de Andalucía como sus entes instrumentales, ha resaltado.

Según la consejera, desde el año 2015 Andalucía ha realizado un «esfuerzo considerable» en este ámbito, y ha explicado que el nuevo modelo que ha puesto en marcha la Junta concluirá con la aprobación de los decretos, actualmente en tramitación. H