El llamado caso asesores del Ayuntamiento de Jerez se saldó ayer con la condena a cuatro años de cárcel y ocho de inhabilitación para el histórico exalcalde Pedro Pacheco. Actualmente el exandalucista es concejal por Foro Ciudadano. Pacheco, que en 1985 pronunció aquella famosa frase de "la Justicia es un cachondeo", a cuenta de un litigio por la demolición del chalé del cantante Bertín Osborne, tachó ayer la condena de "disparate" y de "tremenda injusticia" y anunció que recurrirá en el Tribunal Supremo.

El exregidor está condenado por un delito continuado de prevaricación y otro de malversación por colocar de manera irregular a dos compañeros de partido en empresas municipales. Los enchufados, José López y Manuel Cobacho, también son condenados. El primero a dos años y medio de prisión y cuatro años y tres meses de inhabilitación. Para Cobacho el juez fija dos años y tres meses de cárcel y cuatro de inhabilitación. Ambos cobraron del erario público entre 2005 y 2007 más de 200.000 euros. Manuel Cobacho fue en 1999 candidato a la alcaldía de Córdoba por el PA y, tras la división andalucista, fue secretario de organización del PSA liderado por Pacheco.

La Audiencia Provincial de Cádiz absolvió a Pacheco del delito de falsedad en documento público y mercantil que se le imputaba. Además, tanto el exalcalde como los dos exasesores también condenados tendrán que indemnizar solidariamente a las empresas públicas Emusujesa y Xerez 21 Speed Festival con más de 207.000 euros.

RESPONSABLES CIVILES // En concreto, la sentencia de la sección octava de la Audiencia Provincial de Cádiz establece que Pacheco y Lopez indemnicen como responsables civiles conjunta y solidariamente a Xerez 21 Speed Festival S.A. en 32.407,31 euros y a Emusujesa en 74.580,12 euros. De igual forma, Pacheco y Corbacho indemnizarán conjunta y solidariamente a Emusujesa en la cantidad de 99.846,23 euros.

El fallo implica además la nulidad de los contratos y condena a los reseñados a abonar conjunta y solidariamente las dos terceras partes de las costas procesales, incluidas las de la acusación particular. La sentencia puede ser recurrida en casación ante el Supremo en el plazo de cinco días a contar desde la notificación de la resolución a las partes. Pacheco ha confirmado que recurrirá.

La sentencia considera probado que siendo alcaldesa de Jerez la socialista Pilar Sánchez, en enero de 2005 se aprobó en Pleno el número, características y retribuciones del personal eventual de confianza, determinándose dos para el grupo político PSA, siendo nombrados J.D.C. y M.F.S., la cual fue cesada en 2007 y sustituida por J.R.G.

El antiguo líder del PSA, Pedro Pacheco, era teniente de alcalde y en abril de 2005 pasó a ocupar el cargo de vicepresidente de la sociedad municipal Xerez 21 Speed Festival S.A., destinada a la promoción y desarrollo de un parque temático en Jerez. La sentencia considera probado que, "conociendo ambas partes que el objeto de la contratación era ser asesor político de Pedro Pacheco", éste y José López, que era militante del PSA, decidieron aprovechar el cargo de Pacheco para "lucrarse con dinero del erario público, al no haber sido designado por el grupo político PSA como asesor político" --los dos puestos de asesores permitidos para su grupo municipal estaban cubiertos--.

SIN TRAMITES // Según la sentencia, Pacheco, saltándose todos los trámites legales y mediando como contrato una carta, dio órdenes de transferencia a una entidad bancaria para abonar las facturas presentadas por López por trabajos de asesoramiento. Se trataba de "trabajos no efectuados, ni encargados por Jerez 21, facturas que no reflejaban realidad alguna, y que habían acordado ambos acusados a fin de aparentar la legalidad de la recepción de dinero". Según la sentencia, este mismo "plan preconcebido" es el seguido con Cobacho, también del PSA, sirviéndose del cargo de Pacheco como vicepresidente de Emusujesa.

Pacheco mostró su "estupefacción" por el fallo y defendió su "total inocencia" tras reiterar la "falsedad" de la denuncia que en su día interpuso la que fuera su socia de Gobierno, la exalcaldesa Pilar Sánchez, fruto de "unos informes falsos" que elaboraron los técnicos "bajo coacción y amenazas".