La presidenta de la Junta, Susana Díaz, anunció ayer que la oficina contra la corrupción y el fraude fiscal será una realidad durante este semestre, después de que el líder andaluz de Ciudadanos, Juan Marín, la haya emplazado en el pleno del Parlamento a que diera una fecha. Díaz, que dedicó las primeras palabras de su contestación a Marín a prometerle que la oficina estará este semestre, aseguró que el nuevo departamento tendrá dos ámbitos de actuación, prevenir la corrupción y combatir el fraude fiscal, y se le dotará de capacidad sancionadora.

Tras asegurar que el decreto que crea esa oficina está ya elaborado y que restan los trámites consiguientes, Díaz aseguró que el ejercicio de la transparencia en la Administración andaluza es diario, por el portal de la transparencia. Dijo que con un 10% de competencia fiscal, entre impuestos cedidos y propios, la Administración andaluza ha sido capaz de «recuperar» 1.200 millones de euros que habían sido evadidos o defraudados, todo ello con 700 profesionales que existen en Andalucía para esa labor. «Imagínense qué podría hacer el Gobierno central con el 90% restante, si estuviera convencido de lo conveniente de luchar contra el fraude fiscal», señaló la presidenta.

Marín exigió que la oficina antifraude esté «dirigida por funcionarios, y no por políticos», con conexión directa con la policía y la justicia y con poder de fiscalización sobre toda la Administración regional, incluidos sus entes instrumentales --momento en el que el portavoz de C’s hizo un inciso para aventurar que en ese punto no se pondrán de acuerdo-. «Cumpla con su palabra, que es su patrimonio», le había dicho Marín a Díaz antes de escuchar su respuesta y después de argumentar que la oficina también es necesaria para evitar episodios como los del fraude de los cursos de formación.