Unos 40.000 empleados públicos, según fuentes sindicales, se manifestaron ayer por las calles de Sevilla para mostrar su rechazo al decreto ley de reordenación del sector público en la comunidad, al tiempo que avisaron al presidente Griñán de que "no van a parar".

La presidenta del sector de función pública de la Junta del sindicato CSIF, Alicia Martos, destacó que la manifestación ha transcurrido con "normalidad y empleados de toda Andalucía han pedido de modo pacífico con una sola voz la derogación del decreto". Para la sindicalista, "la lucha va a seguir, que no piense Griñán que nos quedaremos aquí", de modo que "seguiremos rechazando la reordenación de los puestos con movilizaciones contra el decreto".

La manifestación, convocada por los sindicatos CSIF y Ustea y un grupo de asociaciones de funcionarios "autogestionadas por los propios trabajadores", transcurrió entre la Alameda de Hércules y el Parlamento andaluz.

Según destacaron fuentes sindicales, con esta manifestación se demuestra "la unidad sindical y de los trabajadores públicos para pedir la derogación del decreto ley, nuestro único objetivo".

Los sindicatos Ustea y CSIF, que estudian presentar un recurso contra el acuerdo entre la Junta, CCOO y UGT para modificar el decreto ley de reordenación de la función pública de la Junta, hace varias semanas rubricaron un manifiesto con siete asociaciones de funcionarios y empleados públicos para "unificar acciones" en contra del decreto.

El manifiesto está consensuado por CSIF, Ustea, SAT, Plataforma del Agua de Sevilla, Asociación de Opositores y Funcionarios de la Junta, Asociación de Agentes de Medio Ambiente de Andalucía, Asociación en Defensa del Servicio Público, El Tercer Lado, Plataforma de Torretriana y Plataforma de Igualdad.

El portavoz de la Plataforma de Opositores y Funcionarios de la Junta, Pedro Ruiz Trillo, calificó ayer de "hito histórico" la manifestación masiva de protesta que, según sus datos, ha reunido a 50.000 personas y se ha desarrollado bajo el lema "Defiendo mi derecho y la gestión pública". Trillo dijo que marcará "un antes y un después" en las relaciones laborales de la administración autonómica "y en el dignidad del empleo público".

ELEGIDOS A DEDO Esta plataforma ha denunciado en las últimas semanas varios casos de presuntas irregularidades administrativas y asegura que el nuevo decreto aprobado por la Junta bloquea el acceso a la función pública por principios de capacidad y mérito para "abrir las puertas" a más de 20.000 trabajadores externos, "de los que la gran mayoría han sido elegidos a dedo en procesos deliberadamente oscuros". Trillo recordó que solo uno de cada tres trabajadores de la Junta es funcionario. A su juicio, el funcionariado andaluz pierde "su legitimidad e imparcialidad" por esta política "de acoso y derribo y de politización" de los servicios públicos que, en su opinión, obedece a un "blindaje de enchufados ante una probable debacle del PSOE en las urnas".