La Junta de Andalucía incorporará este mes a 13 funcionarios de refuerzo a los juzgados que tramitan las demanda por abuso de las entidades bancarias en las cláusulas suelo de los contratos de vivienda, con lo que son ya 44 los que se suman a esta tarea desde junio (23 ese mes y 8 el pasado septiembre).

Tal como fue acordado con el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), la Junta incorpora dichos funcionarios en los ocho juzgados de primera instancia a los que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) encargó el pasado junio la gestión exclusiva de las demandas por cláusulas suelo en hipotecas. Estos datos fueron ofrecidos ayer por el portavoz del Gobierno andaluz, Juan Carlos Blanco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno, en la que las consejeras de Justicia e Interior, Rosa Aguilar, y Salud, Marina Álvarez, presentaron sendos informes sobre las iniciativas llevadas a cabo por sus departamentos en este ámbito.

De un lado, la Consejería de Justicia e Interior ha incorporado a 44 funcionarios nuevos y ha adaptado los espacios y los medios informáticos de los ocho juzgados andaluces encargados de las demandas contra esta práctica abusiva, con una inversión de 750.000 euros en 2017 y una previsión de 2,8 millones para su mantenimiento el próximo ejercicio. Además, en lo que va de año, el Gobierno andaluz ha impuesto sanciones por un importe total de 9,1 millones de euros a siete entidades bancarias, a partir de denuncias de particulares tramitadas en el marco de la campaña de que la Inspección de Consumo lleva a cabo contra este tipo de abusos.

PLAN DE URGENCIA / En relación con el refuerzo de juzgados, el portavoz recordó que se realizan en cumplimiento del plan de urgencia del CGPJ que entró en vigor en junio de 2017, después del «fracaso» del mecanismo extrajudicial puesto en marcha por el Gobierno de España. No obstante, la Junta ha subrayado que este instrumento está resultando también insuficiente y ha pedido al órgano de gobierno de los jueces que lo rectifique. Así, desde su puesta en marcha, la carga de trabajo de los ocho juzgados andaluces especializados en cláusulas suelo -uno por provincia- ha alcanzado ya las 15.986 demandas, superando así todas las previsiones del CGPJ.

La Junta ha denunciado que el plan afecta negativamente a la ciudadanía por el incremento del tiempo de espera en la resolución de sus procedimientos judiciales, una situación que únicamente beneficia a las entidades financieras demandadas.