La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, ha pedido a los ayuntamientos andaluces que se sumen a los convenios de colaboración actualmente vigentes entre la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) y las empresas eléctricas Endesa e Iberdrola para no cortar el suministro eléctrico a familias en situación de vulnerabilidad.
El Defensor andaluz ha abierto una queja de oficio dirigida a municipios andaluces con más de 5.000 habitantes en cuyo texto, consultado por Europa Press, señala su preocupación por los efectos que ha causado la crisis económica sobre la población andaluza y, en particular, «por la aparición de datos preocupantes que ponen de manifiesto la existencia de una elevada tasa de riesgo de exclusión social y pobreza en la comunidad andaluza».
Entre los datos que reflejan esta «difícil» realidad, la institución destaca aquellos que ponen de relieve la «dificultad» de acceso para muchas personas a unos suministros básicos como la luz o el gas, que resultan esenciales para mantener en condiciones de dignidad de la vida diaria, y cuya incidencia social ha venido a poner un nombre propio, «pobreza energética». Destaca que la Defensoría viene denunciando desde hace ya varios años esta situación y pidiendo una solución.
