El Defensor del Pueblo andaluz, Jesús Maeztu, elevó ayer al Parlamento regional varias propuestas de mejora para la aplicación de la ley andaluza de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de muerte, conocida como Ley de Muerte Digna. Se trata de una norma que, en su opinión, fue referente de toda la legislación posterior que se ha ido aprobando por otras comunidades autónomas, así como del proyecto de ley nacional que actualmente se debate en el Congreso de los Diputados, según señaló la propia Oficina del Defensor del Pueblo. En la presentación del informe especial de la institución titulado «Morir en Andalucía. Dignidad y Derechos», ante la Comisión de Salud del Parlamento andaluz, Jesús Maeztu avanzó que tiene como objetivo analizar en qué medida se garantiza en Andalucía el derecho de las personas a morir dignamente, desde una perspectiva eminentemente jurídica y desde el prisma de la tutela de derechos, informa Efe.
El Defensor del Pueblo subraya que, en general, los derechos y garantías que se establecen en la ley se respetan y cumplen en Andalucía, aunque advirtió de «la existencia de determinadas carencias, insuficiencias e inequidades que nos impiden poder afirmar que dichos derechos están plenamente garantizados y se respeten por igual en todo el territorio andaluz y en relación a todas las personas en proceso de muerte». «Actualmente el sistema no llega a todos aquellos que lo necesitan, lo que provoca que muchos pacientes que serían tributarios de cuidados paliativos fallezcan sin llegar a recibirlos», denuncia el defensor.
También mostró su preocupación por la «evidente falta de equidad que existe actualmente en relación al despliegue de medios y recursos que conforman el sistema de cuidados paliativos de Andalucía». En concreto, por la distribución territorial de los mismos y el perjuicio causado a las personas que residen en zonas rurales, «cuyas posibilidades de acceso a los recursos avanzados de cuidados paliativos es mucho más limitada que las de las personas que residen en núcleos urbanos, llegando incluso a ver cuestionado su derecho a optar por el domicilio como lugar donde recibir la asistencia y vivir la etapa final». Añadió que la atención paliativa de las personas menores de edad constituye uno de los aspectos más deficitarios del sistema, por su falta de respuesta específica a las connotaciones especiales que presenta este colectivo. «Nos preocupa que no esté resuelta la atención del paciente pediátrico en el domicilio, lo que determina que un porcentaje muy elevado de niños y adolescentes estén falleciendo en los hospitales en contra de sus deseos y el de sus familias». Maeztu se refirió finalmente al derecho de los pacientes en situación terminal a ser alojados en habitaciones individuales.
