La Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz, dirigida por Jesús Maeztu, reclama una dotación adecuada de nuevos órganos judiciales para hacer frente al «colapso» detectado en los juzgados encargados de los casos de las cláusulas suelo en Andalucía. Así se recoge en una resolución emitida en respuesta a una queja de oficio abierta el pasado junio y dirigida a la Consejería de Justicia e Interior interesándose por el funcionamiento de los juzgados de Primera Instancia de Andalucía designados por el Consejo General del Poder Judicial para su especialización en los litigios sobre cláusulas abusivas en escrituras públicas, una medida que entró en vigor el 1 de junio.

En el texto de dicha resolución, Maeztu asegura que las quejas llegadas a la institución reflejan «una severa deficiencia» del sistema judicial, que «evidencia signos próximos al colapso», y asegura que la «saturación» de los órganos judiciales «vuelve a ponerse de manifiesto en esta ocasión». Así, indica que ahora, los problemas sistémicos de la organización judicial «se concretan ante un nuevo reto como es la litigiosidad que amenaza los juzgados para atender reclamaciones de usuarios y clientes en relación con litigios derivados de las denominadas cláusulas suelo y otros productos financieros de riesgo junto a reclamaciones de contratos de financiación con garantías hipotecarias». De este modo, recuerda que el primer día de la puesta en marcha de los juzgados designados por el Consejo «se produjeron serios incidente en varios de los órganos afectados en Andalucía», una extremo que motivó la apertura de la citada actuación de oficio que, asegura, «confirma las graves deficiencias que se pusieron de manifiesto en la fecha de aplicación de las mismas y que implicaban dar contenido al acuerdo del CGPJ.