Mientras la batalla judicial contra el despliegue de la reordenación del sector público sigue su curso, con sentencias contradictorias entre los tribunales en cuanto a la paralización cautelar de los estatutos y protocolos de integración de las nuevas agencias públicas que aglutinan a funcionarios y contratados de empresas públicas extinguidas, los empleados que accedieron a sus puestos por oposición retomaron ayer la batalla en la calle con una multitudinaria manifestación, y van cinco, en Sevilla que congregó a más de 10.000 personas, según los sindicatos convocantes CSIF, Safja y USO. Los gritos de guerra fueron los mismos: "Umba, umba, umba el cortijo se derrumba" y "No al Decretazo" (la reforma se aprobó por Decreto Ley aunque luego se tramitó como ley en el Parlamento), pero los funcionarios ya no solo piden la derogación de la norma --que suprimió 111 empresas públicas y creó ocho agencias en las que mezcló a 3.000 funcionarios y laborales de la Junta y más de 23.000 contratados de los entes extinguidos--, sino que exigen al Gobierno que cumpla los fallos judiciales que les dan la razón y ordenan paralizar la integración del personal externo en las agencias. Los sindicatos de funcionarios anuncian que continuarán con sus reivindicaciones --desde noviembre del 2010 han celebrado cinco marchas masivas con la de ayer y multitud de concentraciones en sedes de la Junta-- mientras sigan "observando cómo en todas las consejerías sigue habiendo personal externo desarrollando funciones públicas sin haber concurrido a un concurso ni en condiciones de igualdad con el resto de ciudadanos, de forma totalmente inconstitucional". La Junta defiende que hay potestades públicas que solo ejercen los funcionarios y que los contratados externos no se convierten en funcionarios. Bajo el lema "Ciudadanos, defendemos tus derechos", los manifestantes --que marcharon desde las setas de la Encarnación hasta el Palacio de San Telmo, sede de la Junta-- destacaron que no son "una casta privilegiada que quiera defender mejores condiciones laborales, somos ciudadanos que buscamos que se respete la Constitución y el empleo público no se convierta en patrimonio de un partido".

Hasta ahora, los juzgados han optado por paralizar cautelarmente el desarrollo de la norma pero hay ya varias sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que anulan la integración de personal de las antiguas empresas públicas en agencias como el SAE, Instituciones Culturales y Medio Ambiente. La Junta ha recurrido al Supremo pero los funcionarios exigen que mientras se pare la reordenación. Además, hay un recurso de inconstiticionalidad contra la ley presentado por el PP, que se alió con los funcionarios en esta guerra.