Los órganos judiciales de Andalucía ingresaron en el 2015 un total de 1,79 millones de asuntos, un 4% menos que el año anterior, lo que recupera la tendencia de disminución de los últimos años tras el repunte del pasado, aunque sigue manteniendo a la comunidad a la cabeza en número de asuntos.

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río, que presentó ayer la memoria anual del alto tribunal andaluz, destacó el trabajo "serio y responsable" de los jueces, si bien reclamó una mayor implicación del resto de poderes con reformas duraderas en el tiempo en el ámbito judicial.

Con un total de 1.794.246, Andalucía se mantuvo en el 2015 a la cabeza en número de asuntos ingresados, tuvo un porcentaje superior al 21% de la litigiosidad nacional y una tasa de 209,4 asuntos por cada millar de habitantes. Los procedimientos penales supusieron el 74% del total y, según lo recogido en la memoria, bajaron los asuntos ingresados en todas las jurisdicciones excepto en civil

Por otra parte, el TSJA ha reclamado a la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía una "implicación urgente" para contar con funcionarios de refuerzo en determinadas jurisdicciones, especialmente en aquellos juzgados que instruyen causas complejas y ante la necesidad de acortar plazos en sus instrucciones penales.

La memoria del año 2015 del alto tribunal andaluz hace referencia a casos como Astapa en Estepona, Fraude en el Consistorio de San Fernando y hasta 30 procedimientos en trámite que puede ser catalogados como posibles causas contra la corrupción. El documento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se refiere a la "singular complejidad" de esas causas y resalta procedimientos como los casos Serrallo en Instrucción 2 de Granada, ERE y Cursos de Formación en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla o diversas piezas separadas de Malaya, entre otros.

Según la memoria, a la que ayer tuvo acceso Efe, la celeridad en la tramitación debería ser "lo normal" y es "especialmente necesaria" en supuestos que afectan a la vida pública, que investigan supuestos actos de corrupción con representantes o cargos públicos implicados.