El proyecto de Ley de Salud Pública de Andalucía superó ayer su debate en el Pleno del Parlamento andaluz sin ninguna enmienda a la totalidad, por lo que se podrá tramitar por el procedimiento de urgencia para que se apruebe en el tramo final de la presente legislatura. La consejera de Salud, María Jesús Montero, subrayó que esta ley será "la más ambiciosa" de cuantas ha impulsado hasta ahora la Junta en materia sanitaria, pues pretende aplicar un informe previo de evaluación de impacto en la salud colectiva a todas las iniciativas, proyectos, obras y actividades públicas y privadas que se planteen en Andalucía.

Montero aseguró que esta ley incorporará derechos sanitarios "de última generación" y supondrá "una nueva formulación colectiva de derechos colectivos que podrán ser ejercidos por los ciudadanos desde la perspectiva de un mundo globalizado y desde la perspectiva virtual".

El texto recoge estrategias públicas de educación para la salud, movilidad sostenible y de promoción de actividades físicas; de inmunización contra las enfermedades infectocontagiosas, y para recibir las prestaciones preventivas o rechazarlas siempre que esta decisión no afecte a terceras personas.

En materia urbanística, obligará a incluir zonas verdes en los planeamientos, prohibirá el uso de materiales de construcción que supongan riesgos para la salud y la garantía de un perímetro de seguridad en la puesta en marcha de actividades o zonas industriales. El proyecto de ley, que incorpora más de 400 alegaciones presentadas por 86 entidades, también prevé incentivos para las empresas que realicen planes de autocontrol o auditorías voluntarias.

Ana María Corredera (PP) anunció que su grupo no presentará una enmienda a la totalidad a este proyecto porque comparte "gran parte de su filosofía", aunque sí intentará mejorarlo en aspectos como la garantía de su financiación. Calificó esta iniciativa de "dispersa y en algunos aspectos demagógica", y advirtió de su carácter "intervencionista", en especial con los medios de comunicación, a los que limitaría la publicación de noticias que pudieran ser nocivas para la salud, y con los profesionales sanitarios, a los que impondrá un código de conducta ética.

Juan Manuel Sánchez Gordillo (IU) opinó que este proyecto "suena bien" pero matizó "que lo importante" es que tenga "concreciones prácticas".