La consejera de Salud y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, señaló ayer que la intención del Gobierno central de cobrar 710 euros anuales a los inmigrantes irregulares para recibir asistencia en la Sanidad pública (hasta 1.864 en el caso de los mayores de 65 años) es, "sin duda", la de poner "un freno adicional a las comunidades autónomas que habíamos expresado nuestra voluntad de atender a todas las personas que residen en nuestro territorio como Andalucía, Asturias, País Vasco e incluso Cataluña".
La consejera insistió en que este proyecto de Real Decreto del Ministerio de Sanidad --que aún no ha sido remitido a la Consejería-- es "un intento más del Gobierno de España de poner trabas a las comunidades que en sus Estatutos de Autonomía tienen reconocida la atención a estos colectivos", por lo que ha anunciado que desde la Administración andaluza se estudiará detenidamente el documento para "plantear las medidas que sean necesarias adoptar".
Aunque Montero dijo que aún es "prematuro" hablar de un posible recurso por parte de la Junta. No obstante, el Estatuto andaluz, recordó, recoge que tienen derecho a la atención sanitaria "todos los ciudadanos que viven en Andalucía y que tienen la vecindad administrativa, por lo que no supedita al pago de cuota a las personas que están empadronadas" en la comunidad.
La titular andaluza de Salud, quien reiteró que esta iniciativa confirma la senda del Gobierno de Mariano Rajoy de "quebrar el sistema público, universal y gratuito de salud" para orientarlo a un modelo "de cuotas", también criticó que la medida se plantee precisamente para inmigrantes en situación irregular, que son los que menos recursos tienen y los que "menos recursos sanitarios consumen".
"Resulta paradójico que se planteen cuotas como las publicadas para este colectivo, que no tiene recursos y que habitualmente no acude a los centros porque no tiene cultura de atención sanitaria y porque, principalmente, tiene un cierto miedo a que se le cobre", argumentó.
Además, según Montero, la atención sanitaria a estas personas es primordial "no solo por humanidad sino también porque un deficiente control de la situación sanitaria de la población puede tener consecuencias para terceros".
REACCIONES La intención del Gobierno de cobrar la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares suscitó las críticas de PSOE e IU, además de las de numerosas organizaciones no gubernamentales. La portavoz del PSOE, Soraya Rodríguez, se mostró "absolutamente en contra". De hecho, la socialista aseguró que la sociedad "no va a tolerar el déficit moral" y la presión va a conseguir que el Gobierno rectifique". Por su parte, el portavoz de IU en la Comisión de Sanidad del Congreso, Gaspar Llamazares, consideró que es un "escándalo" y calificó al Gobierno de "racista y prepotente".
